El 8 de diciembre, mientras delegados de todo el mundo negociaban de sol a sol en Le Bourget para llegar a un acuerdo sobre el clima, a tan solo 20 millas, el tribunal administrativo de Cergy-Pontoise escuchaba los argumentos de Schuepbach contra la anulación de dos permisos causada por la ley anti-fracking aprobada en 2011.
La
compañía estadounidense pide 117 millones de € como compensación
parcial por las licencias de Nant y Villeneuve-de-Berg, en el sur de
Francia.
La
esperada decisión, que podría revivir el debate del gas de esquisto
en Francia o enterrarlo como poco hasta las próximas elecciones
generales de 2017, llegará en el transcurso de este mes. El tribunal
se reserva su veredicto para finales de diciembre, pero las palabras
del fiscal nos dan pistas sobre el resultado del caso. Es muy
probable que se deniegue la petición.
Según el juez, el Estado francés, que prohibió la técnica de fracturación hidráulica, no tendrá más remedio que anular los permisos vigentes si la compañía energética (Schuepbach) no se rinde. El fiscal también destacó el impacto medioambiental del fracking.
Según el juez, el Estado francés, que prohibió la técnica de fracturación hidráulica, no tendrá más remedio que anular los permisos vigentes si la compañía energética (Schuepbach) no se rinde. El fiscal también destacó el impacto medioambiental del fracking.
"La
compensación no irá tan rápido, si nos fijamos en las conclusiones
del juez, y me alegro de ello" dijo José
Bové,
figura destacada dentro del movimiento verde y miembro del Parlamento
Europeo.
En
cuanto a la petición de Total, concerniente al permiso de
Montélimar en el sudeste de Francia, el tribunal administrativo
de Cergy-Pontoise considerará el caso a principios del próximo año,
el 8 de enero.
Traducción del artículo "France: Public Prosecutor Defends Repeal of Shale Gas Permits" pulbicado el 14 de diciembre en Natural Gas Europe
