La Cámara de Delegados de Maryland aprobó una moratoria de tres años sobre la fracturación hidráulica — o fracking — en la zona oeste del estado, mientras que el Senado de Maryland aprobaba un proyecto de ley que impondría estrictas responsabilidades económicas sobre las compañías de fracking y declararía el fracking «actividad de alto riego y anormalmente peligrosa». Los proyectos de ley deben pasar por otras cámaras antes de llegar a la mesa del gobernador republicano Larry Hogan con el fin de ser aprobados.
El fracking ha estado prohibido de facto en Maryland durante más de tres
años, después de que el ex gobernador demócrata Martin O’Malley congelara la
concesión de licencias mientras que el estado llevaba a cabo estudios sobre la
industria del fracking. Los resultados de estos estudios son contradictorios ya
que uno de ellos aumenta
la preocupación sobre el impacto del fracking en la calidad del aire y el otro manifiesta que, llevado a cabo de forma adecuada, el fracking no
supondría ninguna amenaza para el agua potable de Maryland.
El proyecto de ley que acaba de ser aprobado por la Cámara subsana las
deficiencias que los impulsores del mismo afirmaban existir.
«Tenemos que hacerlo bien, porque si no es así, esto será irreversible»,
afirmó el delegado del estado de Maryland durante el debate de la Cámara. «Esto
no tiene vuelta atrás».
El proyecto de ley fue aprobado con 93 votos a favor y 45 en contra,
siguiendo la línea general del partido, frente a una firme oposición de los
delegados de la zona oeste de Maryland y de los republicanos del condado de
Baltimore, quienes argumentaron que el fracking solo tendría impacto sobre una
pequeña parte de los residentes del estado, los cuales ya están dispuestos a
aceptar la industria.
«Lo único que pedimos es que se haga uso de nuestro segundo recurso natural
más grande», afirmó el delegado republicano Mike Mckay, quien representa a los
condados de Allegancy y Washington situados en la zona oeste del estado.
Mientras tanto, el Senado aprobaba algunos de los criterios de
responsabilidad más estrictos para realizar perforaciones en el país. Este
proyecto de ley, que fue aprobado con 29 votos a favor y 14 en contra,
obligaría a las compañías de fracking a contratar una póliza de seguros de 10
millones de dólares (9 millones de euros aprox.) durante seis años tras cada
proceso de perforación, y responsabilizaría económicamente a las compañías de
cualquier problema de salud o ambiental asociado con el proceso de perforación.
Para algunos, los criterios son tan severos que parecen ser iguales a una
prohibición absoluta. Pero para el padrino de este proyecto de ley, el delegado
y senador Bobby Zirkin, esto no es necesariamente algo malo.
«Si eso hace que no vengan, entonces creo que esta gran medida es proporcional
a lo que planean llevar a cabo», comunicó Zirkin a la televisión local de
Baltimore WBAL-TV una vez que el
proyecto de ley fue aprobado.
El pasado mes de noviembre, el ex gobernador O’Malley anunció que apoyaría el fracking en la zona oeste de
Maryland que se encuentra bajo estrictas regulaciones. O’Malley hizo públicas
dichas regulaciones — las cuales toman como punto de partida «las mejores prácticas» de otros estados que permiten el
fracking y añaden más restricciones con respecto a las zonas donde se puede
llevar a cabo esta actividad — el 9 de enero, y actualmente se encuentran bajo
proceso de revisión. Sin embargo, el gobernador Hogan ha dejado constancia de
que el fracking es una «mina de oro», según afirma el diario Washington
Post.
Erin Montgomery, portavoz del gobernador Hogan, anunció en un comunicado
que el gobernador está revisando ambas leyes.
«Sin embargo» —continuó— «tal y como O’Malley ha afirmado en varias
ocasiones, si el fracking se puede realizar de forma
segura para el medio ambiente, entonces seguirá adelante con ello».
*Traducción del pie de foto: Capitolio del estado de Maryland, Annapolis, Maryland.
Traducción del artículo "Maryland Senate Passes Bill To Declare Fracking An ‘Ultrahazardous Activity’". publicada en Thinkprogress el 25 de marzo,
realizada por Raúl Ugía Martín, miembro de Traductoras/es en Acción, la red de traductoras/es
e intérpretes voluntarios/as de Ecologistas en Acción.
