La
compañía contratista de Pemex de nombre GPA, ha iniciado trabajos
de exploración de gas shale en el ejido de San Buenaventura a pesar
de que los habitantes no están de acuerdo en prestar sus tierras
para ese fin.
Debido
a que una persona con engaños logró ostentarse la propiedad del
ejido, celebró un convenio con la empresa para usufructuar el uso de
estos predios a su favor.
Juan
Arturo Lerma Martínez, uno de los comuneros, expuso que la tierra se
encuentra en litigio desde hace 40 años, aunque en el 2012
obtuvieron una suspensión para que prevalezca el estatus a favor de
los ejidatarios.
En
conferencia de prensa los afectados apoyados por el presbítero Pedro
Pantoja Arreola y por la dirigente estatal de Morena, Claudia Garza
del Toro, dieron a conocer el hostigamiento de que son objeto por
parte de la autoridad judicial, local y del Ministerio Público del
fuero común.
Lerma
Martínez aclaró que no se pueden hacer actos de venta, sin embargo
este fallo no le importó al Ministerio Público de San Buenaventura,
quien al contrario desapareció dichos documentos del expediente,
para poder judicializar el acto mediante el cual la empresa hace
valer su derecho para usufructuar en una superficie de 200 por 800
metros cuadrados.
Vázquez
Rodríguez añadió que Bartola Vázquez, quien es la persona que los
despojó, se ampara en una supuesta sesión de derechos que le hace
su hermano, para hacerse pasar como dueña de los terrenos de la
comunidad.
"Estamos asustados"
A
pesar de que tienen un amparo de la autoridad agraria que especifica
que la empresa no puede entrar a terrenos de la comunidad, ésta
ingresó para iniciar trabajos exploratorios.
"Estamos
asustados porque a mi casa me han llegado hasta 9 personas armadas,
permanecen en el exterior y nos dicen que son agentes encubiertos
realizando una investigación, pero van en carros americanos sin
placas", señaló Jorge Arturo Lerma.
Enrique
Luna Valadez, coordinador del Ministerio Público de la PGJE en San
Buenaventura desmintió que los sujetos armados que asechan a es
poblado sean de esa corporación.
"La
señora Bartola alega tener posesión de las tierras, lo cual es
totalmente falso y de acuerdo a eso nos despojaron de una superficie
de aproximadamente 6 mil hectáreas, aunque por el momento la empresa
trabaja en 800 hectáreas, pero amenazan extenderse".
Agregó
que Bartola Vázquez Rodríguez y Rito Vázquez Rodríguez, lograron
el acuerdo con GPA debido a que falsificaron documentos de propiedad.
"Ellos
dos no tienen la personalidad jurídica para proceder a un convenio,
debido a que no son los dueños y a que eso lo decide la asamblea del
ejido".
Adriana
Vázquez, otra de las afectadas, destacó que está siendo víctima
de las autoridades. "Nos están amenazando y siguiendo hasta
nuestras propiedades, tememos por nuestra integridad física y
patrimonial".
Agregó
que en México la justicia es sólo para quien tiene dinero, por lo
que como ejidatarios están en una franca indefensión. "Hacemos
un llamado a las autoridades para que se dirijan conforme a derecho
para que nos respeten las garantías de seguridad".
En
el ejido son 68 familias, de las cuales son 15 mujeres quienes han
padecido la intimidación por parte de presuntos agentes del
Ministerio Público de esa localidad. "Nos siguen vehículos sin
placas, esta gente se ostenta como agentes ministeriales".
Artículo publicado en El diario de Coahuila el 24 de octubre de 2014
