Los respetados jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos recopilarán los hechos y adoptarán una decisión que siente precedente
Mientras convoys de pesados camiones transportan el equipamiento necesario para el fracking a campos petroleros situados en barrios y parajes naturales de todo el mundo, una alianza por los derechos humanos está planeando llevar la práctica de la fractura hidráulica a juicio. Este tribunal es conocido como Tribunal Permanente de los Pueblos y desciende del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra establecido durante la época de la Guerra de Vietnam. El Tribunal Permanente de los Pueblos no tiene gobierno. No tiene poder de ejecución. No tiene ejército, ni cárcel, ni policía.
Entonces, ¿para qué sirve?
La cuestión es que es importante contar la verdad públicamente. Es importante ratificar unos patrones universales sobre lo que está bien y lo que está mal, para decir de forma clara que “hay cosas que las personas con ética no hacen a otras, ni tampoco a la Tierra”.
Es importante, sobre todo, cuando los sistemas judiciales internacionales y nacionales, incluso aquellos que declaran ser democráticos, parecen ser incapaces de proteger a las personas y aquello que es de todos: el aire, el agua, los suelos fértiles, un clima estable y todas las demás condiciones que son necesarias para el ejercicio de los derechos humanos básicos. Es especialmente importante cuando se permite a las multinacionales escribir las leyes que regulan sus propios actos, haciendo que sus transgresiones sean efectivamente “legales”, sin importar lo abusivas que sean.
En estas circunstancias, “las personas deben, por sí mismas, reimaginar, ocupar y apropiarse del procedimiento legal para defender sus derechos de forma activa”, según la documentación del Tribunal. Según Jayan Nayar, lector de la Universidad de Warwick, la propia sociedad debe crear “un registro público de la verdad y del delito de denegación”.
Hay dos tipos de verdades en lo que se refiere al fracking. Las primeras son las verdades fácticas, que son aquellas relacionadas con la salud, la geología o la química. ¿Qué efectos tiene en los seres humanos y en el medio ambiente la extracción explosiva de gas y petróleo? Organizaciones de base en todo el mundo defienden vehementemente que el fracking es, en esencia, una práctica dañina. En lo que se refiere a la personas, provoca enfermedades, las priva de su sustento, deteriora o destruye su entorno natural y, además, el proceso contribuye al cambio climático, que amenaza el futuro de la vida en nuestro planeta.
El segundo tipo de verdades, igual de importantes que las primeras, son las normativas, que tienen que ver con lo correcto y lo incorrecto. Sabiendo que el fracking es una práctica dañina, ¿constituye ese daño una violación de los derechos humanos? ¿Están obligados los gobiernos a proteger la vida, la libertad y la seguridad de las personas frente al daño y el peligro que representan estas prácticas industriales radicalmente extractivas y enormemente rentables? Los reputados jueces miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos procederán a recopilar los hechos, a afirmar los patrones morales articulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a adoptar una decisión que siente precedente.
De este modo, el juicio público fortalecerá los movimientos populares que luchan contra los efectos del silencio y del silenciamiento, que son endémicos a la industria del fracking. Defenderá que se escuchen las historias de aquellos que han sido activamente silenciados por la industria, presionados a guardar silencio por sus vecinos, aquellos que permanecen callados por miedo a las posibles repercusiones o que sufren en silencio por la pobreza, su situación social o la escasez de recursos, viéndose marginados e ignorados tanto por la industria como por el gobierno.
Y, lo más importante, los jueces hablarán por aquellos que no tienen voz en absoluto: las generaciones futuras, las plantas, los animales, y todos los jóvenes llenos de esperanza. Ellos serán los que paguen el precio de la fracturación hidráulica con su salud y sus expectativas, y también con el dolor de sus propios descendientes que, desconcertados, habitarán el mundo sofocante y deteriorado que la industria petrolera dejará tras de sí.
Dado el detestable registro de todas las ocasiones en las que la industria petrolera está ocultando o distorsionando la verdad sobre sus efectos, es importante para un tribunal independiente que goza de un gran respeto el escuchar los testimonios de expertos, testigos cotidianos y activistas de organizaciones de base, y adoptar una resolución sobre el fracking. Es aún más importante que afirmen públicamente los patrones de la decencia humana, que se encuentran codificados en nuestra consciencia, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El llamado business-as-usual o el hecho de que las cosas se hagan como se han hecho siempre, siendo reacios a los cambios, tiene un terrible poder. La gente debe levantarse y decir: “Está mal destrozar comunidades y ecosistemas. Está mal contaminar el agua potable. Está mal provocar terremotos o frustrar las esperanzas de los niños”. De lo contrario, estas consecuencias se convierten, simplemente, en “cosas que pasan”, un coste inevitable del negocio. El silencio normaliza la inmoralidad, el silencio normaliza la violación de los derechos humanos. Dicha violación se convierte entonces, como dice la expresión popular, en nuestro nuevo “pan de cada día”. El resultado es que el patrón de moralidad baja, ya que la gente espera cada vez menos de sus empresas y gobiernos y se les exigen menos responsabilidades.
Una declaración pública de conciencia, sin embargo, también tiene un poder extraordinario. Es importante hablar con claridad y autoridad sobre los patrones de la decencia humana. El filósofo contemporáneo Charles Taylor escribió que hablar claro “es una cuestión moral, no solo por corregir las visión de aquellos que pudieran estar equivocados, sino también por hacer que un ideal que ya guía a las personas sea más palpable, más vívido y, al hacerlo más vívido, se anima a esas personas a estar a la altura de forma más completa y más integral.”
De hecho, la historia proporciona muchos ejemplos de momentos en los que el cambio llegó gracias a una creciente ola de afirmación de principios morales básicos. Consideremos, por ejemplo, los resultados a nivel mundial de la extendida afirmación de este principio: “Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales...”. A través de un juicio público al fracking, se podría buscar el cambio usando la categórica afirmación recogida en el Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” Con el peso que da el tener de su parte a una opinión judicial imparcial y con autoridad, la sociedad puede reclamar de forma más efectiva a los gobiernos que lleven a cabo su tarea legítima de proteger a las personas frente a aquellas empresas que, de forma descuidada, les causaran algún daño.
Traducción del artículo "Fracking Goes on Trial for Human Rights Violations" publicada en alternet el 18 de noviembre de 2015, realizada por Marta Ruiz Carlet, miembro de Traductoras/es en Acción, la red de traductoras/es e intérpretes voluntarios/as de Ecologistas en Acción.
