La
compañía francesa Total, junto con otras multinacionales, acaba de
empezar a explorar el Sahara Occidental (territorio bajo ocupación
marroquí desde hace casi cuarenta años) en busca de petróleo y
gas. Estas actividades plantean conflictos éticos relacionados con
la consulta con las comunidades locales y la distribución justa de
los ingresos potenciales. Los activistas saharauis llevan años
exponiendo sus preocupaciones sobre la petrolera, denunciando su
papel en socavar la soberanía del territorio. También algunos
inversores “éticos” critican a Total, en especial los fondos
noruegos.
El fondo
soberano noruego es el cuarto mayor inversor en Total con un poco más
del dos por ciento de las acciones de la compañía, equivalentes a
unos 3.000 millones de euros. Este fondo acaba de anunciar que está
examinando las operaciones de Total en el Sáhara Occidental para
determinar si cumplen con el código ético del fondo.
Se le ha
concedido a Total una licencia de exploración para un área de
100.000 kilómetros cuadrados de la costa del Sáhara Occidental.
Esta zona, llamada “bloque de Anzarane”, equivale a la superficie
de Portugal. Expedida en origen por el gobierno de Marruecos en 2002,
la licencia acaba de renovarse para operaciones de reconocimiento. La
firma francesa asegura que no se ha solicitado hasta la fecha ninguna
licencia para perforaciones exploratorias.
Grupos
en defensa de los derechos de los saharauis, en particular la ONG
Western Sahara Resources Watch (WSRW, “Vigilancia sobre los
recursos naturales del Sáhara Occidental”), cuestionan la
legalidad de las licencias expedidas a Total y a las otras compañías
de gas y petróleo por parte del gobierno marroquí en el Sáhara
Occidental.
Los
negocios son los negocios
Los
defensores del pueblo saharaui aseguran que Total trabaja con un
“gobierno de ocupación” y por lo tanto eso debilita y
deslegitimiza la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación:
“La industria petrolera se está convirtiendo en un obstáculo
en términos de presionar a Marruecos para aceptar el derecho [de
autodeterminación]”, afirma Erik Hagen, presidente de WSRW.
El año
pasado, el grupo defensor publicó un informa, titulado “Injusticia
Total”, en el que se criticaba duramente el papel de Total en
el Sáhara Occidental. “Total demuestra una completa
indiferencia de los principios básicos de la responsabilidad social
corporativa. Se niega a escuchar cualquier proclama de los derechos
legítimos de la gente del territorio ocupado”, proclamó Erik
Hagen por entonces. Según WSRW, Total rechaza aclarar sus planes en
el Sáhara Occidental y elude sus responsabilidades al poner como
excusa que no se involucra en la política.
En
respuesta al reciente anuncio del fondo soberano noruego, Total
declaró a Reuters que sus “operaciones en la costa del Sáhara
Occidental, como en otros puntos donde [opera], están de acuerdo con
las leyes y normas internacionales aplicables mencionadas en [su]
Código de Conducta, en particular aquellas relacionadas con los
derechos humanos”.
Como
destacaba un reciente artículo publicado en Le Monde
(artículo centrado en la participación de Total en el petróleo de
esquisto ruso en medio de la crisis diplomática ucraniana): “La
política de Total siempre ha consistido en continuar sus actividades
en países controvertidos mientras no existan prohibiciones por parte
del gobierno francés o las Naciones Unidas, como en Iraq y en Irán”.
Desinversión
El fondo
soberano noruego, que gestiona una cartera de valores de 600.000
millones de euros, ha puesto en práctica un cierto número de
criterios éticos, que le han llevado en el pasado a desinvertir de
63 compañías, principalmente de los sectores del tabaco, las armas
nucleares y las minas antipersona. El fondo reflexiona actualmente
sobre una extensión de sus criterios de exclusión, para incluir las
compañías petroleras y de gas que operan en países con un gran
riesgo de corrupción, las firmas textiles que violan los derechos de
los trabajadores o las empresas implicadas en la sobrepesca y la
destrucción de los bosques. Podría incluso dejar de invertir en los
combustibles fósiles (una paradoja para un fondo que se encarga de
invertir los beneficios del gas y el petróleo noruegos).
En 2005,
el fondo ya desinvirtió de otra compañía petrolera activa en el
Sáhara Occidental: Kerr-McGee. En junio de 2013, la aseguradora
noruega KLP también anunció se desinversión de Total debido a sus
actividades en el Sáhara Occidental.
El
gobierno marroquí ha concedido una licencia de exploración en el
Sáhara Occidental a otra multinacional petrolera: la “junior”
Kosmos Energy, que está especializada en las operaciones de
prospección “pioneras” y que se dio a conocer por haber
descubierto y explotado el campo Jubilee, en la costa de Ghana [1].
Kosmos ya tiene actividades de prospección con BP en Marruecos en la
costa de Agadir y Essaouira, y ha anunciado su intención de comenzar
actividades similares en octubre en la zona de Cap Boujdour, en la
costa del Sáhara Occidental.
“Intereses
y aspiraciones del pueblo saharaui”
Colonia
española hasta 1976, el Sáhara Occidental fue ocupado a
continuación por Marruecos, que ha reivindicado su soberanía. Esto
dio como resultado años de conflicto entre las fuerzas armadas
marroquíes y el Frente Polisario independentista, apoyado por
Argelia. Las Naciones Unidas impusieron un alto el fuego en 1991, al
que seguidamente se debía celebrar un referéndum de
autodeterminación. Este nunca tuvo lugar ya que las dos partes no
llegaron a un acuerdo sobre el derecho a participar en él de los
colonizadores marroquíes. A día de hoy, ningún otro país reconoce
la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Después
de que Marruecos en 2002 concediese licencias de prospección
petrolera en el Sáhara Occidental, las Naciones Unidas han publicado
una opinión legal ambigua, llamada “Opinion Corell”, que
reconoce la autoridad administrativa de facto y expone que las
actividades petrolera solo serán legales si no contravienen “los
intereses y aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental”.
El
gobierno marroquí y las compañías petroleras se apresuraron a
resaltar las “consecuencias económicas positivas” del petróleo
para justificar sus decisiones. Las autoridades marroquíes aseguran
que quieren una “distribución justa de los beneficios” con los
saharauis –aunque por el momento subrayan sobretodo la creación de
empleo, sin que se menciones otras repercusiones financieras. Al
renovar las licencias de Total y de Kosmos a principios de año, el
gobierno marroquí también ha prometido que “las comunidades
locales y sus representantes serán consultados y asociados”, sin
ninguna otra precisión. Desde la publicación de la “Opinion
Corell” en 2002, no se ha hecho nada en términos de una consulta
formal.
Las
organizaciones saharauis aseguran que la población local se opone a
la llegada de las multinacionales petroleras y que, por lo tanto, las
licencias son ilegales en los términos de la “Opinion Corell”.
El
territorio todavía está bajo la ocupación del ejército marroquí.
Una gran parte del pueblo saharaui vive en el exilio y en campos de
refugiados. En un informe del 2013, el Relator Especial sobre la
tortura de las Naciones Unidas afirma que el empleo de la tortura y
la violencia por parte de las autoridades marroquíes son frecuentes
en el Sáhara Occidental. Por lo tanto, ¿se puede realmente
considerar que los saharauis son libres para conceder su
consentimiento a las actividades de Total y de otras empresas?
—
[1]
Big
Men, Everyone wants to be big,
cinta documental de Rachel Boynton que trata sobre las actividades de
Kosmos en Ghana. Se acaba de estrenar en Estados Unidos y ha recibido
múltiples premios, incluyendo el Grand Prix del Festival
Internacional de Cine Medioambiental de París en 2014. Para más
información, véase su página web: http://bigmenthemovie.com/
Traducción del artículo "What is Total doing in Western Sahara ?" publicado el 25 de abril de 2014,
por Olivier Petitjean en Multinatonals observatory. Traducido por Manuel Escudero Escudero, miembro de Traductoras/es en Acción, la red de traductoras/es voluntarias/os de Ecologistas en Acción
