Municipios de la provincia rumana de Vaslui ganan batalla judicial contra el fracking

Los ciudadanos de la provincia de Vaslui obtuvieron su primera victoria judicial en la lucha contra la explotación de gas de esquisto mediante fracturación hidráulica. El Juzgado de Vaslui hizo pública al final de la semana pasada la motivación de una decisión tomada en diciembre en la que falló a favor del consejo local del municipio de Al. Vlahuta en su disputa con la Prefectura. El consejo local municipal apeló contra la decisión de la prefectura de anular la decisión deconsejo local de prohibir el fracking.


Este es uno de los catorce municipios que han aprobado este tipo de medidas. La decisión del Juzgado en este caso es sorprendente porque diez municipios han perdido casos en contra de la Prefectura.

Por otra parte, la jueza encargada del caso, Elena Gabriela Aionitoaie, presentó un hecho interesante que explica cómo la Ley del Petróleo (invocado por los partidarios de Chevron) no menciona nada en relación con el gas no convencional.
La jueza Aionitoaie demostró otro hecho importante: en el caso del gas de esquisto, las entidades locales tienen el derecho de decidir si permitirán o no la explotación en su área. En la legislación rumana actual, el gas de esquisto no se menciona como “de interés nacional".

El abogado del municipio de Al. Vlahuta, Oana Iovu afirmó que "en el expediente no hay ningún informe pericial que demuestre que en la zona existen yacimientos de hidrocarburos de esta naturaleza que deban ser explotados, contra la voluntad de la administración local."

Aunque esta decisión es apelable durante los próximos 15 días, el hecho de que un tribunal de justicia, después de un estudio cuidadoso del contexto jurídico del litigio, haya fallado a favor de los que rechazan la explotación y la exploración de gas de esquisto significa una victoria inesperada para el pueblo de la provincia de Vaslui.

El hecho de que el Juzgado haya examinado cuidadosamente el expediente
del caso y el marco legal para la exploración de gas de esquisto ha producido un nuevo fallo. La ley de la administración pública local (215/2001), la ley de petróleo (238/20054) y la Constitución de Rumania, donde se menciona lo que es de interés público nacional, fueron analizadas y el tribunal ha establecido dos aspectos muy importantes: primero, el tribunal consideró que el municipio de Al. Vlahuta tiene el derecho de decretar la prohibición de la exploración y la explotación por medios no convencionales de gas de esquisto y no se excedió en sus facultades; y segundo, que el interés público nacional invocado por los partidarios de Chevron no es mencionado en ninguna ley rumana respecto al gas de esquisto. Esta decisión no es definitiva y puede ser apelada ante el tribunal superior.

Mientras tanto, la misma decisión fue dictada por los tribunales en Vaslui en los expedientes de otros dos municipios, Pogona y Suletea. También han impugnado en los tribunales la anulación de las decisiones de los consejos municipales de prohibir la exploración de gas de esquisto. Las razones dadas por los tribunales eran las mismas, que el gas de esquisto no se encuentra en la ley de petróleo y no fue declarado de interés nacional y, en este caso, el consejo municipal tiene la facultad de decidir.

Por el momento, las autoridades rumanas y representantes de Chevron no han hecho declaraciones sobre la nueva situación que podría dar lugar a una modificación de la ley del petróleo para permitir la explotación de gas de esquisto o el bloqueo de esta importante actividad económica por las decisiones de los consejos locales.
La posición de Chevron sigue centrándose en el diálogo, como expresó Cam Van Ast, Asesor de Comunicaciones Externas de Onshore Europa.

George Epurescu, un representante de Rumania fara EI (Rumanía sin ELLOS), reiteró las conclusiones del Juzgado y comentó: "Las autoridades han comenzado, mediante el fraude y métodos ilícitos, la exploración de gas de esquisto y evitado el debate en las comunidades locales. La Constitución señala que los recursos del subsuelo son propiedad pública, no del estado. Propiedad pública se divide en la propiedad del Estado y la propiedad de las unidades locales. En el caso del gas de esquisto, éste no es mencionado en la ley como un interés nacional, por lo que pertenecen a las unidades locales, más concretamente el municipio".