El
pasado jueves, el Tribunal Supremo de Pennsylvania declaró
inconstitucionales las principales disposiciones de la Ley nº 13 del
estado relativa a las plataformas de perforación de Marcellus Shale,
incluida una disposición que permite a las compañías de gas
perforar en cualquier lugar, dejando de ese modo sin efecto la
legislación en materia de zonificación.
Votaron
a favor de la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas de
la Ley nº 13 Ronald Castille, Presidente del Tribunal, y los jueces
Debra McCloskey Todd, Seamus McCaffery y Max Baer. Los jueces Thomas
Saylor y J. Michael Eakin votaron en contra.
Deron
Gabriel, presidente de la comisión de South Fayette, el único
distrito municipal de Allegheny que impugnó la ley relativa al gas
de esquisto aprobada en 2012, afirmó que la decisión que refrendaba
los derechos de zonificación de los municipios representaba un
triunfo para todos los residentes del condado y del estado.
“Preservar
la zonificación es fundamental para las actividades de planificación
en la zona, si queremos mantener la actividad industrial fuera de las
zonas residenciales y comerciales," declaró el Sr. Gabriel.
"Ahora podemos mantener las actividades industriales alejadas de
loso colegios y las viviendas pese a la creciente presión ejercida
por la industria para instalarse en lugares más próximos a las
zonas residenciales."
"Hemos
dado un importante paso hacia el objetivo que estábamos
persiguiendo. La disposición que permitía a las empresas perforar
en cualquier lugar ha sido declarada inconstitucional y esa parte de
la ley ha quedado permanentemente sin efecto," dijo John Smith,
el abogado principal que representa a South Fayette y a los otros
municipios que impugnaron la ley ante el Tribunal.
Posteriormente,
el Sr. Smith realizó una declaración en la que dio las gracias a
los municipios que se habían sumado a la impugnación de la ley
propiciada por la industria.
"Deseamos
expresar nuestra gratitud a todos los municipios y las personas que
han luchado con tanta energía para garantizar que sus derechos y los
derechos de los ciudadanos de Pennsylvania no se vean socavados por
el intento de favorecer los intereses de las empresas," decía
la declaración.
Además
de South Fayette, los municipios demandantes fueron Peters, Mount
Pleasant y Robinson, del condado de Washington, y Nockamixon y
Yardley del condado de Bucks, en Pennsylvania oriental.
Reafirmando
la legitimización de los municipios para impugnar la Ley nº 13, que
fue recurrida por los abogados del Estado, el Presidente del
Tribunal, Sr. Castille, argumenta en la decisión de 162 páginas
adoptada por mayoría que la protección de los intereses ambientales
y estéticos es un aspecto esencial de la calidad de vida de los
ciudadanos de Pennsylvania y una de la principales funciones del
gobierno local.
En la
decisión se señala asimismo la notable revolución que introduce la
Ley nº 13 con respecto al actual régimen de zonificación de
Pennsylvania, incluso las zonas residenciales, y se pregunta si la
Asamblea General puede aprobar leyes que contravengan el mandato
constitucional relativo a la protección del medio ambiente.
El
Presidente del Tribunal, Sr. Castille, afirma también en la
sentencia que, desde cualquier punto de vista responsable, la
explotación del yacimiento Marcellus Shale tendrá efectos
perjudiciales para el medio ambiente, las personas, sus hijos y las
generaciones futuras, y posiblemente para las arcas públicas, tal
vez equiparables al impacto ambiental de la extracción del carbón.
Continúa
diciendo que, aunque las competencias normativas del estado son
amplias, están limitadas por las exigencias constitucionales,
incluida la enmienda de los derechos ambientales.
La
decisión cayó como una bomba en la industria del gas de esquisto,
que había perseguido una legislación que garantizara normas
uniformes sobre el uso de la tierra en todo el territorio del estado,
y también entre los miembros de la administración Corbett y los
legisladores que habían promovido la aprobación de las
modificaciones de la legislación relativa al petróleo y el gas.
El
Gobernador Tom Corbett, que había apoyado y sancionado la ley en el
mes de febrero de 2012, publicó una declaración en la que
manifestaba su decepción por la decisión. Mantenía que la Ley nº
13 mejoraba las medidas de protección del medio ambiente al tiempo
que respetaba los derechos del gobierno local.
"Continuaré
trabajando con los miembros del Parlamento y el Senado para
garantizar que la próspera industria energética de Pennsylvania
siga creciendo y creando empleo y, al mismo tiempo, reforzando el
equilibrio entre los intereses de las comunidades locales," dijo
el Sr. Corbett.
Dave
Spigelmyer, Presidente de la Marcellus Shale Coalition, publicó una
declaración en la que afirmaba que la organización de los grupos
de presión de la industria estaba examinando la decisión para
determinar sus repercusiones en las operaciones de explotación de
gas de esquisto existentes en el estado.
El Sr.
Spigelmyer afirmó que la decisión también debería servir a los
responsables de la formulación de políticas como recordatorio de
los retos a los que se enfrentan actualmente las empresas del estado
en el ámbito del cambio climático.
"Si
queremos seguir siendo competitivos y centrarnos de verdad en la
creación de empleo y en la prosperidad económica," dijo,
"debemos comprometernos a trabajar conjuntamente para elaborar
propuestas sensatas que fomenten – en lugar de disuadir – las
inversiones en el Commonwealth."
Jesse
White, representante de distrito (D-Cecil), que se opuso abiertamente
a la Ley nº 13, acogió la sentencia como una afirmación de la
obligación constitucional del estado de mantener el aire limpio y el
agua limpia y del derecho al autogobierno de las comunidades locales.
Dijo
el Sr. White: “Se ha enviado un mensaje claro al Gobernador Corbett
y a sus amigos de la industria energética: los principios
fundamentales de nuestra constitución no pueden malvenderse en
función de los intereses especiales de los ricos a cambio de su
contribución a su campaña. En el día de hoy David ha vencido a
Goliat."
Joe
Scarnati, Presidente Pro Tempore del Senado (Condado de Jefferson) y
Sam Smith, Presidente de la Cámara de Representantes (Condado de
Jefferson), emitieron una declaración conjunta en la que
manifestaban su asombro por una sentencia que tendrá graves
consecuencias para el bienestar económico de los ciudadanos de
Pennsylvania y criticaban la opinión formulada por escrito por el
Presidente del Tribunal, Sr. Castille, que, según ellos, se basa en
anécdotas inexactas y en afirmaciones científicas no comprobadas."
Explicaron
que las consecuencias de esta decisión serán, probablemente, un
incremento de los precios del gas natural para los consumidores y, al
mismo tiempo, la pérdida de una gran número de puestos de trabajo
en Pennsylvania," Los dos legisladores del condado de Jefferson
también criticaron a la asociación de supervisores de los
municipios del estado de Pennsylvania, que, según señalaron, apoyó
la inclusión de las disposiciones relativas a la zonificación en
la Ley durante los debates legislativos antes de su aprobación y
luego se opuso a la misma en el tribunal.
Jay
Costa (D-Forest Hills), jefe de la oposición en el Senado del
estado, y el senador Matt Smith (D-Mt. Lebanon), afirmaron en
distintas intervenciones que la decisión del Tribunal Supremo brinda
a los legisladores del estado y a la administración Corbett una
segunda oportunidad de elaborar una ley relativa al gas de esquisto
que proteja los intereses de los ciudadanos del estado en materia de
medio ambiente, propiedad y salud. Adam Garber, director para
Pennsylvania de PennEnvironment, una organización de defensa del
medio ambiente que opera en el estado, explicó que la decisión del
tribunal demuestra que las disposiciones de la constitución del
estado relativas a los derechos ambientales gozan de un sólido
respaldo jurídico.
El
Sr. Garber señaló que los legisladores habían intentado por todos
los medios reemplazar a los municipios locales en lo tocante a la
regulación de las perforaciones de gas. Añadió que el tribunal
había considerado que la extracción del gas tiene efectos graves
para la salud y el medio ambiente que los legisladores no habían
abordado y que las comunidades locales deberían haberlo hecho.
Traducción del artículo "Pennsylvania Supreme Court declares portions of shale-drilling law unconstitutional publicado por Don
Hopey en el Pittsburgh Post-Gazette el20 de
diciembre de 2013
