El sábado 13 de febrero, un terremoto de magnitud 5.1 azotó el noroeste de Oklahoma, el tercer seísmo más fuerte registrado en un estado que ha experimentado un considerable repunte de la actividad sísmica desde 2008. Además de ese repunte en el número de terremotos, Oklahoma ha sufrido un aumento de la gravedad de dichos terremotos en los últimos años, y los expertos advierten de la posibilidad de que, en solo cuestión de tiempo, se produzca un terremoto probablemente de magnitud histórica.
Los
científicos, los
grupos ecologistas y los
habitantes de Oklahoma han señalado a la industria estatal
de petróleo y gas como culpable del repentino aumento de seísmos.
Más concretamente, señalan a la eliminación de los residuos de
agua salada que constituyen un subproducto de la fracturación
hidráulica, que, al ser inyectada en los pozos subterráneos a lo
largo de las fallas, se ha relacionado con un incremento en la
actividad sísmica.
En
un esfuerzo por frenar el problema de los terremotos en el estado, la
Oklahoma Corporation Commission (Comisión de la Corporación de
Oklahoma), que supervisa la producción de gas en el estado, ha
pedido a las empresas petrolíferas y de gas que reduzcan la cantidad
de agua residual que inyectan en los pozos subterráneos de desechos.
Los propietarios de viviendas también pretenden reclamar algunos
daños mediante pleitos contra las empresas petrolíferas y de gas,
algo que permitió legalmente el Tribunal Superior de Oklahoma el
año pasado. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha conseguido
gran cosa para limitar la cantidad de agua residual que las empresas
petrolíferas y de gas inyectan en los pozos, ni para frenar el azote
de los terremotos, que se suceden
casi a diario en el estado.
Ahora,
un nuevo pleito iniciado por la organización Sierra Club está
tratando de lograr un enfoque diferente, alegando que tres empresas
petrolíferas y de gas están violando la ley federal de gestión de
residuos, y están poniendo en peligro a los habitantes de Oklahoma y
al medioambiente en este proceso.
«Se
trata simplemente de un pleito como medida cautelar de alivio»,
según informó a ThinkProgress Richard Webster, abogado del bufete
sin ánimo de lucro Public Justice, que representa a Sierra Club en
el pleito. «Mientras que los pleitos por daños miran hacia atrás,
nosotros miramos hacia delante, para intentar evitar un daño en el
futuro».
La
Resource
Conservation and Recovery Act (Ley de Conservación y
Recuperación de los Recursos, o RCRA en sus siglas en inglés), es
una ley federal que establece directrices para la correcta gestión y
eliminación tanto de residuos peligrosos como no peligrosos en
Estados Unidos. Normalmente, la RCRA hace referencia a los casos de
contaminación, en los que una entidad ha eliminado sus residuos de
tal manera que produce una contaminación que pone en peligro la
salud pública o el medioambiente, como una empresa
láctea cuyos fertilizantes se liberan en las aguas
subterráneas y contaminan el agua potable con nitratos.
Webster
afirmó que nunca antes se ha aplicado el RCRA a los terremotos
causados por inyección de aguas residuales. Fundamentalmente, es una
forma más directa de aplicar el RCRA, eliminando el intermediario de
la contaminación. Según Webster, la cuestión es demostrar que el
método de eliminación (en este caso, el agua residual procedente
del fracking) está poniendo en peligro la salud pública y el
medioambiente.
«Esto
es claramente una actividad de eliminación de residuos, y está muy
claro que estas son leyes de eliminación de residuos, por lo que es
principalmente de lo que trata el RCRA como estatuto», afirmó. «Nos
dimos cuenta de que, aunque no se haya hecho antes, no hay motivo por
el que no podamos hacerlo».
Según
un estudio de Stanford publicado el año pasado, la cantidad de agua
residual inyectada en los pozos de desechos subterráneos de Oklahoma
se ha duplicado
aproximadamente en las dos últimas décadas, elevándose de
80 millones de barriles al mes en 1997 a alrededor de 160 millones de
barriles al mes en 2013. Sin embargo, en tres zonas del estado que
han experimentado el mayor aumento de actividad sísmica, es incluso
más acentuado el aumento de la eliminación de aguas residuales, que
ascendió de 1.6 millones de barriles al mes en 1997 a más de 33
millones de barriles al mes en 2013. Estos lugares de eliminación se
encuentran cerca de la formación Arbuckle, una formación
sedimentaria de más de 2 100 metros de profundidad situada en
la zona central de Oklahoma, que además casualmente se localiza
justamente sobre una capa rocosa que cubre la principal zona
de fallas de Oklahoma. Los investigadores suponen que el aumento en
la inyección de agua residual ha incrementado la presión localizada
en dichas fallas, haciendo que estas se deslicen más fácilmente, lo
que a su vez ha provocado un aumento de los terremotos.
A
diferencia de los anteriores pleitos iniciados por propietarios, que
pretenden reclamar daños causados por los terremotos, el pleito del
Sierra Club pretende frenar de una vez por todas los futuros daños.
Principalmente, el pleito exige a tres empresas petrolíferas y de
gas — New Dominion, Chesapeake Operating y Devon Energy Production
Company — que reduzcan inmediatamente la cantidad de agua residual
que eliminan mediante pozos de inyección. El pleito también exige
que las empresas refuercen las estructuras que son vulnerables al
daño sísmico, y que el estado de Oklahoma establezca un organismo
de pronóstico independiente para determinar la cantidad de agua
residual que se puede inyectar de forma segura en un pozo de desechos
concreto sin producir actividad sísmica.
«Lo
que ya está pasando es bastante malo — ya existe un daño
sustancial por lo que ha ocurrido», afirmó Webster. «De momento,
hemos tenido suerte, y [ahora] es hora de tener cabeza».
Traducción del artículo "In Oklahoma, Earthquakes and Lawsuits Keep Increasing" publicado el 17 de febrero de 2016, en ThinkProgress, traducido por Cristina López
