La
sequía a nivel estatal ha forzado a los agricultores a depender del
agua subterránea, incluso cuando los acuíferos californianos han
sido contaminados intencionalmente debido a las exenciones a la
industria petrolera.
Autoridades
públicas californianas han ordenado el cierre de emergencia de 11
puntos de inyección de residuos de petróleo y gas y han revisado
más de otros 100 en el Central Valley, devastado por la sequía, por
el temor a que algunas compañías hayan estado bombeando fluidos de
fracking y otros residuos tóxicos en los acuíferos de agua potable.
La
División de Petróleo, Gas y Recursos Geotérmicos estatal emitió
el 7 de julio órdenes de parar y desistir a siete compañías
energéticas advirtiéndoles que pueden estar inyectando sus residuos
en acuíferos que podrían ser una fuente de agua potable, e
indicando que su forma de deshacerse de los residuos “presenta
riegos para la vida, la salud, la propiedad y los recursos
naturales”. Las órdenes fueron traídas
a la luz en primer lugar por Bakersfield en California, y el
estado ha confirmado con ProPública que su investigación se está
expandiendo para poner su mirada en otros pozos.
Esta
acción tiene lugar mientras la industria agrícola californiana
gestiona como puede una crisis de agua que ha vaciado las reservas y
le está costando al estado 2.200 millones de dólares solo contando
este año. La falta de agua ha forzado a los granjeros a lo largo del
estado a suplementar sus fuentes de riego con acuíferos
subterráneos, según
un estudio publicado esta semana por la universidad de California
Davis.
El
problema es que al menos 100 de los acuíferos estatales fueron
considerados inútiles para el consumo de agua y el uso agrícola
debido a que el agua era de baja calidad o estaba a demasiada
profundidad para ser alcanzada fácilmente. Hace años, el estado les
retiro su protección medioambiental y permitió a las industrias de
extracción de petróleo y gas contaminarlas intencionalmente. Pero
no todos los acuíferos están exentos, y el sistema equivale a un
parcheado de reservas de agua a gran profundidad, protegidas y no
protegidas. Ahora, según las ordenes de parar y desistir promulgadas
por el estado, parece que al menos siete pozos de inyección están
bombeando residuos en pozos de aguas limpias protegidos por la ley y
no en los otros acuíferos sacrificados por el estado hace ya mucho.
“Los
acuíferos en cuestión no están exentos según las ordenes que han
sido promulgadas” Dijo en un email Ed Wilson, portavoz del
Departamento de Conservación de California.
Una
investigación pública en 2012 de más de 700.000 pozos de
inyección a lo largo del país encontró que los pozos estaban a
menudo mal regulados y se daban altas tasas de fallos, resultados que
estaban muy posiblemente contaminando las reservas de agua
subterráneas que se suponía, estaban protegidas por la legislación
federal. La investigación también reveló un
poco conocido programa supervisado por la Agencia de Protección
Medioambiental de los EE.UU. que retiraba a más de 1.000 acuíferos
de agua potable adicionales cualquier tipo protección contra la
contaminación, muchos de ellos en California.
Estos
son los acuíferos que están hoy en el punto de mira. Los acuíferos
sin protección, según los documentos que el gobierno archivó con
la EPA (Agencia de Protección Medioambiental) estadounidense en 1981
y obtenidos por ProPublica, estaban poco definidos y ambiguamente
delineados. Estaban a menudo identificados por líneas dibujadas a
mano en un mapa, haciendo difícil saber exactamente que reservas de
agua se suponían estaban protegidas, y por que aspecto de la
legislación en vigor. Estas exenciones y documentos fueron firmados
por el gobernador de California Jerry Brown que también era
gobernador en 1981.
Funcionarios
estatales enfatizaron para ProPublica que ellos ahora van a ordenar
el análisis y la monitorización de la inyección en los pozos en
cuestión. A día de hoy dicen, no han encontrado todavía ninguno de
los pozos mejor regulados habiendo sido contaminado.
“No
tenemos ninguna evidencia directa de que ninguna reserva de agua
potable esté afectada”. Escribió Steve Bohlen, el supervisor
estatal en materias de petróleo y gas, en declaraciones a
ProPublica.
Bohlen
dijo que su oficina está actuando “con abundante precaución” y
un portavoz dijo que el estado se dio cuenta de los problemas a
través de una revisión de instalaciones que estaba llevando según
la ley de fracking aprobada el año anterior que requería al estado
el estudio de los impactos del fracking y adoptar regulaciones para
controlar sus riesgos, presumiblemente incluyendo el almacenamiento
subterráneo de residuos.
Las
autoridades californianas han estado en la línea de fuego por sus
prácticas en pozos de inyección, un programa de tratamiento de
residuos que el estado gestiona siguiendo la ley federal bajo un tipo
de licencia (llamado “primacía”) expedida desde la EPA.
Por su
parte, los expertos dicen que estos acuíferos que los estados y la
EPA una vez consideraron que no iban a necesitar jamás, pueden
convertirse dentro de poco en importantes reservas de agua según el
clima va cambiando y la tecnología reduce el coste de bombear agua
desde grandes profundidades y tratarla para el consumo. De hecho,
algunas ciudades en Wyoming y Tejas –Dos estados que también están
sufriendo sequías de larga duración- están extrayendo, tratando y
distribuyendo grifos de agua potable desde acuíferos que serían
considerados inapropiados para su uso bajo las regulaciones estatales
que controlan la industria petrolera y del gas en California.
En junio
del 2011, La EPA llevó a cabo una revisión de otros aspectos del
programa de pozos de inyección en California y encontró problemas
de implementación, testación y supervisión tan importantes que la
agencia pidió a California mejorar su regulación y le advirtió que
la autoridad estatal podría ser revocada.
Entre
otras cuestiones, California y el gobierno federal no se ponen de
acuerdo sobre qué tipo de agua merece ser protegida en primer
lugar, con la legislación californiana protegiendo solo una fracción
de las aguas que la Ley de Agua Potable Segura requiere.
El
informe de la EPA, realizado por consultores externos, también
indicaba que los reguladores californianos fallaron de forma
rutinaria a la hora de examinar adecuadamente la geología en torno a
los pozos de inyección para asegurar que los fluidos bombeados en
los mismos no tuvieran fugas en el subsuelo que contaminasen los
acuíferos de aguas potables. El informe encontró que los
inspectores estatales a menudo permitieron la inyección a presiones
que excedían la capacidad de los pozos y de esta forma se daba el
riesgo de fracturas en las rocas alrededor y de la dispersión de
contaminantes. Varios accidentes en años recientes en California
implicaron la fuga de residuos inyectados o vapor procedente de pozos
abandonados, o escapes a través del suelo que crean socavones,
incluido un incidente en 2011 que mató un trabajador del sector
petrolero.
Las
exenciones y otros fallos, decía en un email Damos Nagami, un
experimentado representante legal del Consejo de Defensa de los
Recursos Naturales, son “especialmente inquietantes” en un estado
que ha sido muy consciente de la severidad de sus restricciones en el
acceso al agua durante más de un siglo y que ahora sufre de una
atenazante sequía. “Nuestros recursos de agua potable deben ser
protegidos y preservados como los preciados recursos que son, no
sacrificados como un vertedero de basura para las industrias
petroleras y del gas”.
Aun así,
tres años después del informe de la EPA, California todavía no ha
completado su revisión de su programa de inyección en el subsuelo
según funcionarios estatales. El escrutinio de los pozos que rodean
Bakersfield puede ser el principio.
Traducción
del artículo "California
Halts Injection of Fracking Waste, Warning it May Be Contaminating
Aquifers" publicado por Abrahm
Lustgarten en ProPublica el18 de julio de 2014