domingo, 10 de noviembre de 2013

Un juzgado tumba el desafío a la “ley abrebocas” sobre los riesgos a la salud por el fracking

A gas flare burns at a fracking site in rural Bradford County, Pennsylvania.(Reuters / Les Stone)Las autoridades de Pensilvania le han denegado a un médico el derecho a desafiar la ley conocida como la “ley del abrebocas”, en referencia al aparato que usan los dentistas, la cual le impide tanto a él como a otros doctores la posibilidad de advertir a la sociedad sobre los peligros de salud asociados al fracking.

El dr. Alfonso Rodriguez, Pensilvania, presentó el año pasado una demanda contra el estado, en la que afirmaba que la Ley 13 del 2012 (Act 13 of 2012) obliga a los profesionales sanitarios a contraer un “difuso acuerdo de confidencialidad” que no les permite tener un diálogo completamente honesto con sus pacientes.

La fractura hidráulica supone la extracción de gas natural a través de la perforación de roca madre mediante el uso de químicos, muchos de ellos tóxicos. A principios de mes un equipo de investigación de la universidad Duke University examinaron las aguas residuales de Pensilvania y hallaron lo que ellos describieron como un “alarmantemente” alto nivel de radiactividad, sales, metales y otros sedimentos potencialmente dañinos.
Sin embargo, la “ley del abrebocas” prohíbe a los médicos como Rodriguez el poder profundizar en los problemas de salud que conlleva el uso de químicos durante el fracking. Numerosas voces críticas han declarado que el contenido de la ley y la negativa judicial a que el doctor Rodriguez pueda ejercitar su derecho a hablar libremente con sus pacientes son indicadores del largo brazo del lobby del petróleo y el gas en las políticas del estado.
Rodriguez se especializa en enfermedades renales, hipertensión y diabetes avanzada. Recientemente ha tratado a “pacientes que han estado directamente expuestos a un alto nivel de fluidos provenientes de la fractura hidráulica debido a escapes en los pozos”, entre ellos un paciente “con un complicado diagnóstico de bajo nivel de plaquetas, anemia, dermatitis y un fallo renal agudo que requiere una amplia hemodiálisis y exposición a quimioterapia”, según lo recogido en la demanda, como citó el diario jurídico Courthouse News.
A pesar de todo, para poder llevar a cabo de forma responsable su labor como doctor, Rodriguez se arriesga presuntamente a violar los Principios de la Ética Medicinal de la Asociación Americana de Médicos, un infracción que podría costarle su licencia de médico.
Esto podría llegar a suceder, ya que el estado requiere que los profesionales de la salud “acepten, por petición de una compañía de extracción de gas mediante perforación o de un comerciante, un difuso acuerdo de confidencialidad para que se mantenga la identidad específica de cualquier cantidad de químicos como un secreto comercial de la compañía de extracción o del vendedor, como condición previa para recibir esta información considerada innecesaria para proporcionar una tratamiento médico adecuado a las demandas del paciente”, según la demanda.
A pesar de que Rodriguez denuncia que esta disposición es una violación de la primera y la décimo cuarta enmienda y adjunta numerosos informes de asociaciones médicas a este respecto, un juzgado federal desestimó la demanda tras dictaminar que el tema era “demasiado especulativo” para poder considerarse.
Aunque el demandante alegue que necesita este tipo de información contemplada en la ley para el tratamiento de sus pacientes, no ha alegado que se haya encontrado en una situación donde necesitara o intentara obtener este tipo de información, a pesar del hecho de que afirme que ha tratado a pacientes afectados por los fluidos de la fractura hidráulica en el pasado”, afirmó el juez A. Richard Caputo. “Igualmente el demandante no ha alegado el haberse encontrado en una posición donde se le hubiera requerido llegar a cualquier tipo de acuerdo de confidencialidad bajo la mencionada ley”.
Además, en el fallo también se manifiesta que cualquier intento que Rodriguez realizara para notificar a sus pacientes del impacto de la Ley 13 fue “simplemente una medida preventiva para aliviar sus miedos por un potencial daño futuro”.

(Traducción del artículo "Judge defeats challenge to ‘medical gag order’ on health risks from fracking" publicado el 31 de octubre de 2013 en RT Questionmore)