lunes, 9 de marzo de 2015

Documentos internos revelan la gran influencia que ha ejercido la industria en el estudio de la EPA sobre el fracking

En 2010, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA) inició un ambicioso e influyente estudio sobre los riesgos que la fractura hidráulica (o fracking) entraña para al abastecimiento de agua.




El Ayudante del Administrador de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la EPA decía en 2011 que «[s]e trata de utilizar los mejores medios de investigación para cumplir con lo que se espera de la EPA: garantizar la protección de la salud de nuestras comunidades y familias».

Sin embargo, el estudio de la EPA ha sido moldeado y vuelto a moldear por la propia industria que es el objeto de investigación. Así lo desvela un informe de DeSmog, de más de 3000 páginas y compuesto por emails secretos, proyectos de planes de estudio confidenciales y otros documentos internos que le fueron entregados tras solicitarlos. En él se muestra que los representantes de las empresas energéticas han tenido permiso para editar los documentos de planificación, han vetado en repetidas ocasiones el criterio de los colaboradores de la EPA y solicitado la revisión de las notas de campo de los investigadores, las fotografías y los resultados del laboratorio antes de la publicación.

Según estos documentos, los representantes de las empresas tenían peticiones tan inviables que la EPA terminó por excluir de la investigación la medición de los niveles de contaminación antes y después de las operaciones de fracking en dos pozos nuevos. 

En resumen, los documentos ponen en entredicho la credibilidad del estudio y resaltan cierta complicidad entre la EPA y Chesapeake Energy, una de la empresas petroleras y de gas más agresivas en su pugna por hacerse con el gas de esquisto.

«[U]stedes son parte del equipo», escribió un representante de la EPA a Chesapeake Energy durante la edición conjunta de los documentos de planeamiento en octubre de 2013, «escriban lo que consideren oportuno».

Y Chesapeake les tomó la palabra.
Según esta información, los representantes de las empresas presionaron a la EPA sistemáticamente para que centraran la investigación del estudio en la fase de fractura hidráulica en exclusiva, cuando la EPA había anunciado que el estudio comprendería la perforación, la evacuación de agua así como otras partes del proceso (en las que frecuentemente se contamina el agua).

«Parece que la EPA ha ampliado el alcance del estudio para incluir todas las actividades del proceso», escribió el representante de una de estas empresas, oponiéndose a lo expresado en los planes de estudio de 2013. «CHK (Chesapeake Energy) recomienda a la EPA que se centre sólo en la fractura.» 

Aunque no queda claro si la EPA hizo caso a la palabrería de Chesapeake, la  presión de la empresa consiguió que la EPA comenzara a analizar el proceso de extracción de gas y petróleo en uno de los emplazamientos de Chesapeake una vez se hubo terminado la perforación (proceso que tiene lugar antes de la fractura).

La razón por la que esto es relevante para la opinión pública es porque supone que las pruebas de la EPA no serán válidas para detectar los problemas que surgieran durante las fases anteriores al fracking, lo que supone un claro límite al alcance de la investigación.
 


Pero la empresa se marcó otras jugadas que causaron más retrasos en el estudio.
Por ejemplo, se puso en peligro el proyecto de la EPA de analizar un emplazamiento de Chesapeake en Haynesville Shale, cuando la empresa decidió iniciar la perforación antes de que la EPA pudiera empezar a realizar pruebas.

«Nos decepciona saber que no podemos finalizar un proyecto que es fruto del trabajo de mucha gente por culpa de esos documentos,» escribió Chesapeake a la EPA el 6 de febrero de 2012, «pero colaboraremos con ustedes para encontrar otro emplazamiento.» La EPA declaraba en un boceto que esto no afectaría a la duración total del estudio, pero la EPA ya ha rebasado  la fecha límite que se había marcado.

Entonces Chesapeake aprovechó su oportunidad de editar los documentos para proponer más objeciones que finalmente obligaron a la EPA a cancelar sus planes de investigación.

«Teniendo en cuenta la agenda actual, no hay suficiente tiempo para captar muestras de la variación estacional, aunque esta información es crucial para determinar la importancia de un cambio,» advertía Chesapeakea la EPA en 2013.

Varios miembros del personal de la EPA citaron posteriormente este asunto para explicar por qué no habían podido encontrar los emplazamientos adecuados para realizar las pruebas. 

El 13 de junio de 2014, en respuesta a un email de Greenpeace preguntando si las pruebas se habían cancelado, la Oficial de Política Científica de la EPA, Claudia Meza-Cuadra explicó que «para considerar válido un emplazamiento, es necesario reunir durante un año datos de las características del agua subterránea y del agua de la superficie en la zona de estudio antes de iniciar las actividades de prospección  no convencional y mientras estas se llevan a cabo.  Durante el tiempo que dure el estudio (que puede durar varios años) no puede haber otras actividades de fractura hidráulica en terrenos adyacentes o la intención de realizarlas». «Por desgracia, aún no hemos encontrado un emplazamiento adecuado.»

Básicamente, la industria ha conseguido empantanar la tarea de la EPA, obligándoles a moderar sus ambiciones.

El papel reformador que Chesapeake y otras empresas están desempeñando en el estudio de la EPA es crucial.

La regulación sobre petrólero y gas ha estado tradicionalmente en manos de los estados. Los legisladores federales han presionado a la EPA para que realice este estudio de ámbito nacional como un primer paso hacia el establecimiento de normas más estrictas y homogéneas para la industria. Sin embargo, una determinación que parecía dura como hielo ha ido haciendo aguas desde el primer momento. 

En su origen, el estudio debía contener cuatro cuestiones: 1) utilizar ordenadores capaces de modelar riesgos de forma teórica; 2) recopilar información sobre contaminación de cinco estados; 3) precisar el control de calidad; 4) y, sobre todo, medir directamente los niveles de contaminación antes y después del fracking en dos emplazamientos diferentes, para mostrar los cambios producidos tras la actividad de la empresa.
Pero el plan de la EPA (en concreto la parte de la medición directa) requería una cooperación estrecha de la industria y su consentimiento para acceder a los emplazamientos de perforación y fracking. Empresas como Chesapeake Energy y Range Resources han aprovechado esta situación para sacar compromisos por parte de EPA. Su posición dominante cogió fuerza cuando otras empresas se opusieron a participar en el estudio. Tras una petición de entrega de documentación, Greenpeace se hizo con los documentos que ha analizado DeSmog.


Range Resources consiguió un trato privilegiado por parte de la EPA

Por ejemplo, un acuerdo confidencial entre la EPA y Range Resources muestra una serie de concesiones por parte de funcionarios federales. Se les avisaba de la visita de los científicos con tres días de antelación. Los científicos debían ir acompañados en todo momento por un experto de la empresa. Range Resources tenía acceso preferente a cualquier prueba que mostrara contaminación. Esta empresa tenía un plazo de 30 días para contrastar los «proyectos de informe» con la información de sus emplazamientos antes de su publicación. Se le facilitaban copias de todas las fotografías y vídeos tomados en el emplazamiento.

A las empresas también se les permitió tomar muestras al mismo tiempo y en el mismo sitio que la EPA, con las que podían realizar sus estudios paralelos. La industria aprovechó esta situación para contratar a un experto para que realizara un seguimiento del estudio de la EPA. Los emails entre altos cargos de la EPA muestran  referencias sistemáticas a esos seguimientos.

Los funcionarios de la EPA no han querido responder a las preguntas de DeSmog sobre los documentos, pero recalcaron su compromiso con una participación intensa de las partes interesadas. «[D]esde un punto de vista científico y con el presupuesto del Congreso en la mano, hemos podido recopilar los datos necesarios para dar respuesta a las cuestiones científicas que nos planteaba este estudio sobre la fractura hidráulica», comentó Liz Purchi, portavoz de EPA, en un email dirigido a DeSmog.

Durante estos dos años, mientras la investigación federal se estancaba (sin la colaboración de la industria energética), la opinión de la comunidad científica parece coincidir en cuanto a los graves riesgos que supone el fracking. Según una encuesta del Pew Research Center realizada en enero, dos de cada tres científicos se oponían al aumento del uso del fracking, mientras que el 31 % lo apoyaba.  

Al ser preguntado por DeSmog, un representante del Instituto Estadounidense del Petróleo (American Petroleum Institute, API) no quiso mostrar su opinión, aunque el API ya ha solicitado a la EPA que preste más atención a otras partes interesadas como las empresas perforadoras de gas y petróleo.
Sin embargo, los documentos muestran que las empresas tenían acceso libre en el estudio.
Los funcionarios de la EPA han sugerido en repetidas ocasiones a Chesapeake Energy que financie las muestras adicionales (p. ej. «Si CHK quiere tres [muestras], que las pague», le dice un funcionario de la EPA a la empresa). No queda claro si Chesapeake pagó por esas pruebas adicionales o si esas muestras se incluyeron en el estudio. De ser así, esto levantaría sospechas sobre la independencia de la investigación de la agencia federal.

Chesapeake Energy también solicitó el derecho a vetar el control de la EPA sobre los contratos con las compañías perforadoras e incluso revisar las notas de campo y las fotografías.

«La revisión de los datos es muy importante y debe hacerse en conjunto (EPA y CHK) justo después de recopilar las muestras», apostilló un representante de la empresa en los documentos de planificación de la EPA, cuestionando los planes de la EPA de revisar ella misma junto a un colaborador los resultados del trabajo de campo. 

La empresas han utilizado este acceso privilegiado a los documentos de planeamiento para fraguar posteriores objeciones. Por ejemplo, representantes de Chesapeake solicitaron que se identificaran todas las posibles fuentes de contaminación en un radio de casi 5 km con respecto a sus pozos. Han presionado para que la EPA limitara sus pruebas a suministros de agua más superficiales. Han criticado la forma de hacer las pruebas y las sustancias que se quería estudiar. Han pedido a la EPA una descripción exacta del método que irían a seguir para distinguir entre varias causas posibles para explicar los cambios en los niveles de sustancias químicas.

Pero la industria petrolera y del gas no es la única parte interesada que desempeña un papel activo en esta investigación que se suponía indepediente.
Los documentos también muestran la participación de políticos actuales y retirados.
Como ejemplo, los documentos muestran que la antigua Asistente en materia de Energía y Cambio Climático de la presidencia de Obama, Heather Zichal, estaba involucrada en algunos debates sobre el estudio. DeSmog ha revelado recientemente que Heather Zichal es candidata a figurar en el consejo ejecutivo de Cheniere Energy, que planea exportar gas natural licuado a través de una terminal en Corpus Cristi.

El papel supervisor de la Casa Blanca ha despertado el descontento de los trabajadores de la EPA encargados del estudio. «Al fin y al cabo, este es un estudio científico», escribió Robert M. Sussman, Consejero de Política para la EPA en un email de 2012 dirigido a altos cargos de la agencia (incluida Lisa Jackson, que era la administradora en ese momento), «y los científicos necesitamos espacio para trabajar».



Traducción del artículo "Internal Documents Reveal Extensive Industry Influence Over EPA's National Fracking Study" publicado en desmoblog el 2 de marzo de 2015