El proyecto de ley de infraestructura encierra una sorprendente contradicción con respecto al enfoque del Reino Unido en lo tocante al petróleo y al cambio climático.
Se
nombra a un multimillonario para que decida cuál debería ser el
futuro de la industria del petróleo y este concluye en su informe
que el Gobierno debería elaborar "una nueva estrategia para
potenciar al máximo la recuperación económica de la Plataforma
Continental del Reino Unido"'
Como se lamentaban
algunos, el proyecto de ley es un tanto extraño: se ha
publicado antes de que se hayan incluido la mitad de las medidas que
contemplará. Así es como funciona actualmente la democracia: se
pide a unos legisladores que no han sido elegidos que debatan algo
que todavía no han podido ver. De modo que la bomba con la que me
encontré todavía no estaba allí. Pero la Baronesa Kramer, que
presentó el proyecto de ley, lo dejó caer casualmente en el
preámbulo.
Antes de revelar cuáles
fueron sus palabras voy a presentar primero una breve información
sobre los antecedentes del proyecto de ley.
En virtud de la Ley de2008 sobre el Cambio, Climático,
el Gobierno del Reino Unido tiene la obligación de reducir los gases
de efecto invernadero al menos un 80% antes de 2050 (con respecto al
nivel de 1990).
Este objetivo se ve
amenazado, entre otras cosas, por una apabullante contradicción: el
Reino Unido pretende reducir la demanda de combustibles fósiles y,
al mismo tiempo, intenta aumentar el suministro. O bien, en palabras
del Gobierno, intenta "potenciar al máximo la recuperación
económica" del sector británico del petróleo y el gas.
Casi todos los Estados
que poseen combustibles fósiles están tratando de hacer lo mismo, y
por consiguiente, a nivel colectivo, sus promesas de evitar el
descontrol del clima resultan imposibles de cumplir. En 2011, Carbon
Tracker señalaba que si queremos lograr que el calentamiento global
no sobrepase los 2ºC, deberíamos consumir como máximo 565gigatoneladas
de carbono. Sin embargo, el carbono contenido en las reservas
conocidas de carbón, petróleo y gas que existen en el mundo
asciende a 2.795 gigatoneladas.
Para prevenir el
descontrol del clima es necesario dejar la mayor parte de los
combustibles fósiles en la tierra.
¿Y cómo resuelven los
gobiernos esta contradicción? Sencillamente ignorándola. Nuestros
ministros recorren el país exhortando a las personas a consumir
menos y, al mismo tiempo, publicando libros blancos en los que instan
a las compañías petrolíferas a producir más.
Nunca se pronuncia una
sola palabra para reconocer el desacuerdo existente entre las dos
políticas. Cuando se plantea el problema, los ministros no escuchan,
no responden, no debaten. Si lo hicieran su pretendida actuación
fracasaría.
Ocurre lo mismo en todo
el mundo. La única excepción que he conocido recientemente se ha
dado en Noruega, en cuyo Parlamento se debatió el 5 de junio una
moción propuesta por el Partido de los Verdes. La moción instaba al
Gobierno a detener la próxima ronda de licencias para la extracción
de petróleo alegando que es incompatible con los objetivos noruegos
en el ámbito del cambio climático. Apoyaron la moción 3 Miembros
del Parlamento y 95 votaron en contra.
En comparación con lo
que ocurrió en Westminster semana pasada, este resultado fue
positivamente progresista.
En sus observaciones
preliminares, Kramer explicaba que el Gobierno había encargado a Sir
Ian Wood que elaborara un informe sobre el futuro de la industria del
petróleo.
¿Quién es el Sr. Wood?
Es un multimillonario que hizo su fortuna con la empresa familiar que
heredó, el Grupo Wood, la cual presta servicios (ingeniería,
construcción, reparaciones) a la industria del petróleo y el gas.
Así es como el Gobierno
revisa el trabajo. Nombra al anterior dirigente del Sindicato
Nacional de Agricultores para que decida cuál debe ser el rumbo de
la política agraria en el futuro, y él concluye en su informe que
debería hacerse una hoguera con las regulaciones. Nombra a un
multimillonario del sector del petróleo para que decida cuál debe
ser el futuro de la industria del petróleo, y él concluye en su
informe que el Gobierno debería
elaborar "una nueva estrategia para potenciar al máximo la
recuperación económica de la Plataforma Continental del Reino
Unido". Nombra al Conde Drácula para que asesore sobre la
privatización del banco de sangre. En fin … ese es el panorama que
tenemos. Luego tendrá debidamente en cuenta las desinteresadas
opiniones de estos expertos.
Dicho de otra forma,
nombra a la persona que le va a ofrecer la respuesta que desea. Luego
puede alegar que la decisión que tomó antes de encargar el examen
es el resultado de una investigación racional realizada por expertos
independientes.
Después de explicar los
resultados del examen del Sr. Wood, Kramer reveló que el Gobierno
había aceptado todas sus recomendaciones. Luego dejó caer la bomba.
El Gobierno ahora prevé
"aplicar medidas en
el marco del proyecto de ley para convertir en estatuto el principio
de potenciar al máximo la recuperación económica del petróleo en
el Reino Unido."
En un estatuto. Ello
quiere decir que, si se aprueba el proyecto de ley, potenciará al
máximo la producción de petróleo crudo se convertirá en una
obligación sancionada por la legislación.
De manera que el
Gobierno, que, en virtud de la Ley de 2008 sobre el Cambio Climático,
tiene la obligación estatutaria de reducir al mínimo las emisiones
de gases de efecto invernadero en el Reino Unido, las aumentará al
máximo.
La misma persona, el
Secretario de Estado para la Energía y el Cambio Climático
(actualmente Ed Davey), se encargará de aplicar ambas políticas. Y
tendrá que tener cuidado para que no le estalle el cerebro.
¿A qué les gustan las
ideas coherentes?
Traducción del artículo "The UK is making it a legal duty to maximise greenhouse gas emissions" publicada el 26 de junio de 2014 en The Guardian
