Mientras los negociadores se preparan para la siguiente ronda de
negociaciones entre los EUA y la UE para un nuevo tratado de
comercio, un inversor ha presentado una demanda judicial contra
Canadá, amaparándose en un tratado anterior. Lone Pine Resources demandó el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) buscando 250 millones
de dólares canadienses en concepto de daños y perjuicios debido a
la moratoria del Quebec al uso del fracking para la obtención de gas natural.Según NAFTA y otros acuerdos internacionales que contienen cláusulas para «la resolución de disputas entre inversores-gobiernos», las empresas extranjeras pueden evitar los tribunales nacionales y demandar a los gobiernos en tribunales privados por encima de la salud pública y las medidas de protección medioambientales que, según las empresas, incumplen las cláusulas de los inversores en los acuerdos comerciales. En ese caso, Lone Pine trata de socavar la moratoria del Quebec en cuanto al fracking.
No se debe confundir con la extracción de gas natural convencional, el fracking es un método de extracción muy controvertido que inyecta una mezcla secreta de elementos químicos en el subsuelo. El fracking ha producido tal controversia debido a cinco factores: primero, ha habido numerosos ejemplos de abastecimiento de agua contaminados; en segundo lugar, no hay certeza de que los productos químicos que se quedan bajo tierra sean seguros; tercero, la falta de suficientes garantías públicas de que los fluidos restantes del fracking se puedan eliminar con seguridad; en cuarto lugar, las comunidades cercanas no pueden tomar decisiones sin conocer todos los productos químicos que se usan y los riesgos asociados a ellos; y, por último, existen dudas legítimas sobre si la huella de los gases de efecto invernadero del gas natural que se recoge del fracking es en realidad tan pequeña como los defensores afirman que es.
Mientras los defensores argumentan que el porcentaje de productos químicos en los fluidos del fracking es bajo, el volumen total de productos químicos no es insignificante. Este pequeño porcentaje asciende a toneladas de productos químicos que se inyectan en cada pozo de extracción.
La inclusión de estas cláusulas para los inversores tan extremas en los tratados y acuerdos de inversión ha permitido a intereses poderosos, desde las tabacaleras hasta las compañias mineras, a usar la resolución de disputas entre inversores-gobiernosa para retar y perjudicar a los consumidores, la salud pública y las protecciones medioambientales. Según los tratados de comercio recientes estadounidenses, unos 15 casos han desafiado a las medidas para prevenir la exposición a productos químicos tóxicos, incluidos algunas sustancias importantes que ahora están restringidos por la convención de Estocolmo de Contaminantes Orgánicos Persistentes. Las empresas han creado filiales en los EUA y otros países simplemente para aprovecharse de esas cláusulas, como en el caso de Lone Pine Resources, una empresa con operaciones exclusivas en Canadá y que ha creado una sucursal en los EUA para tener acceso a esas cláusulas de los inversores del NAFTA.
Hoy en día, muchas si no la mayoría de empresas gozan de presencia internacional, incluyendo a los EUA y la UE. Si las cláusulas de resolución de disputas inversores-gobierno se incluyen en el potencial tratado de comercio e inversión transatlántica (TTIP, por sus siglas en inglés) esto dará lugar a toda una nueva legislación creada para esas empresas, que evitará los procedimientos legales públicos a favor de los tribunales privados que carecen de transparencia y responsabilidad, así como se reducirá la oportunidad de la participación y aportación pública. Los asuntos de salud pública relacionados con el uso de productos químicos en el medio ambiente son precisamente eso, asuntos de salud pública. Las cláusulas de resolución de disputas inversores-gobierno no solo privan al público de un debate transparente y abierto en esas materias, sino que también pone al público en una situación que solo sale perdiendo, ya sea retrasando la creación o implementación de medidas de salud pública y medioambientales, o usando recursos públicos para compensar a los inversores.
Ambos, los EUA y la UE, ya disponen de un sistema legal fuerte en su lugar. Mediante los juzgados ordinarios de los EUA y la UE se puede forzar a la aceptación del TTIP. No existe pretexto para llevar a los europeos y a los norteamericanos a una situación en la que saldrán perdiendo, una situación que tendrá efectos escalofriantes en el futuro desarrollo de legislación y medidas para proteger la salud pública y el medioambiente.
