Ciencia, Democracia y el “Derecho a saber” de la población en el desarrollo de petróleo y gas “no convencional”
La fractura hidráulica- mejor conocida como fracking- y otros avances tecnológicos, como la “perforación horizontal”, han dado lugar a la rápida expansión de la extracción de petróleo y gas denominada “no convencional”.
Poblaciones a lo largo del país [(EEUU)] ahora se enfrentan a la difícil decisión sobre el fracking. Promesas de crecimiento económico han llevado a muchas comunidades a acoger el desarrollo del petróleo y gas no convencional, pero dudas sobre los riesgos medioambientales y para la salud, y sobre la duración y distribución de los beneficios económicos están causando gran preocupación.
Estas decisiones se están volviendo especialmente desafiantes cuando el público general no cuenta con una información fiable sobre los impactos del fracking. Una insuficiente gobernanza, intromisión en la ciencia y un “ruidoso”1 debate público han supuesto retos para los ciudadanos que quieren ser participantes informados en el debate sobre el fracking.
El informe de 2013 del Centro para la Ciencia y la Democracia "Toward an Evidence-Based Fracking Debate: Science, Democracy, and Community Right to Know in Unconventional Oil and Gas Development" [(título de este artículo)] examina el estado actual de la ciencia respecto a los riesgos del fracking, al igual que las trabas que impiden a los ciudadanos aprender lo que necesitan saber para ayudar a sus comunidades a tomar decisiones basadas en la evidencia.
Una falta de transparencia
La población [(las comunidades)] que esté buscando información fiable sobre fracking normalmente se encuentra con los siguientes problemas:
- La mayoría de
las compañías no publican información completa sobre los químicos
que usan en el fracking, argumentando que esos datos son patentados
y que difundir esa información podría perjudicar su negocio.
- Las compañías
han impedido el acceso a científicos para llevar a cabo
investigaciones que son cruciales para el entendimiento de los
impactos que tiene el fracking.
- Dado que las
demandas judiciales realizadas por ciudadanos afectados por fracking
a menudo acaban en acuerdos de confidencialidad, los datos usados
como prueba en estos casos no está disponibles para el público o
para los científicos2.
Para superar dichos obstáculos, las compañías deberían ser encomendadas a recoger y difundir públicamente tres tipos de información:
- Estudios sobre
calidad del aire, agua y suelos antes de que la perforación
comience.
- Llevar a cabo
estudios durante y después de las actividades de extracción.
- La composición
química, volumen y concentración de los compuestos químicos
usados en sus operaciones.
Esta información en concreto podría permitir a los científicos cuantificar el riesgo, proporcionaría a los ciudadanos una información fiable y podría ayudar a mantener a los sujetos contaminadores responsables de sus actos.
Desinformación e intromisión en la Ciencia
Con grandes beneficios en juego, no es quizás una sorpresa que la investigación académica y por parte de los gobiernos, sobre los efectos medioambientales y socioeconómicos del fracking, han sido víctima de la intromisión de fuerzas políticas y empresariales.
La EPA (Agencia de protección ambiental de EEUU), en muchas recientes situaciones, empezó a actuar contra los sujetos de la industria cuyas actividades de fracking han demostrado ser causa de degradación medioambiental, para después retroceder debido a presiones de las propias compañías o de políticos afines.
Los estudios académicos sobre fracking también han sido vulnerables a la intromisión de las grandes empresas. La Universidad de Texas publicó un estudio en 2012 que fue fuertemente criticado después que de saliera a la luz que el autor tenía conexiones con una empresa del sector energético. Y la U. SUNY de Buffalo se vio obligada a cerrar su Instituto de Fuentes de esquisto y la sociedad debido a críticas similares sobre la relación de algunos de sus profesores a la industria del gas.
Limitaciones y lagunas legales
Uno puede pensar que leyes como la “Ley del Agua Limpia” (Clean Water Act) y sus agencias reguladoras como la EPA proveerían de suficiente y adecuada protección contra los posibles riesgos del fracking. Sin embargo, resulta que las leyes federales y las regulaciones están llenos de lagunas y atajos (quizás no es una coincidencia que el sector se gaste 750 millones de dólares en actividades de lobby y contribuciones políticas entre 2001 y 2011).
- La mayoría de
las operaciones de fracking están no sujetas a la regulación de la
“Ley de agua apta para el consumo” (Safe Drinking Water Act) y a
partes de la “Ley del agua limpia” (Clean Water Act), gracias a
una cláusula de la “Ley sobre políticas energéticas” (Energy
Policy Act) de 2005 comúnmente conocida como la “excepción de
Halliburton” (en honor al Director Ejecutivo/CEO de Halliburton, y
después vicepresidente [de EEUU], Richard Cheney, el cual presidió
la comisión que recomendó las excepciones [(o supuestos de no sujeción a la
ley)].
- La Agencia de
Gestión del Suelo (Bureau of Land Management), en Mayo de 2013,
publicó unas modificaciones normativas para hacer frente a algunas
de las citadas excepciones que afectaban a tierras de dominio
público o de pertenecientes a comunidades indígenas, pero estas
nuevas regulaciones, de nuevo, tienen problemáticas lagunas en
relación a la divulgación de información sobre compuestos
químicos.
- Los gobiernos
locales y estatales [(de los Estados Americanos)] han intentado
llenar el vacío legal, pero el resultado es una regulación llena
de parches, compuesta por normativas antiguas y nuevas y que varían
de Estado a Estado que, a menudo, deja fuera importantes
protecciones.
Aquellas personas que busquen respuestas sobre el fracking se enfrentan a un panorama informativo sórdido y a menudo confuso y falso. Para aumentar las posibilidades de encontrar información fiable, los ciudadanos deberían:
- Buscar fuentes
de información objetiva. Las fuentes gubernamentales
normalmente proporcionan información objetiva. Las webs del
gobierno pueden ser difíciles de encontrar, sin embargo, prueben a
usar la expresión “fractura hidráulica” en lugar de fracking
cuando hagan sus búsquedas web. Otra fuente potencial de
información objetiva es la del sector de seguros, pues se basan en
información basada en hechos y cálculo preciso de riesgos.
- En cuanto a
las fuentes procedentes de medios de comunicación, tengan
precaución al tenerlas en cuenta. El público debería buscar
historias que ni aviven ni descarten las preocupaciones o problemas
que existen respecto al tema, historias que representen
adecuadamente el trabajo de los científicos y expliquen, sin
exageraciones, la compleja relación entre la incertidumbre y el
riesgo.
- Cuidado con la
desinformación. Los ciudadanos deben leer con precaución los
mensajes provenientes de grupos que tienen algún tipo de interés
en el fracking. La desinformación en raras ocasiones se presenta en
la forma de completas falsedades, sino que se suele mostrar como
medias verdades, exageraciones, omisiones o tergiversaciones. Los
grupos de interés, tanto a favor como en contra del fracking,
suelen no incluir en sus exposiciones matices, las dudas o
incertidumbres, limitaciones o advertencias provenientes de estudios
científicos en su afán por usar los estudios como pruebas que
apoyen su punto de vista.
La población tiene derecho a una información fiable:
- Sobre los
posibles impactos (positivos y negativos) del desarrollo de gas y
petróleo no convencional en su población.
- Sobre las
incertidumbres y limitaciones de nuestro conocimiento científico
- Sobre lo que está
cubierto por la normativa, al igual que lo que no está, pero
debería estar.
Link Original: http://www.ucsusa.org/center-for-science-and-democracy/toward-an-evidence-based-fracking-debate.html
Descarga el informe: Toward an Evidence-Based Fracking Debate (2013) -- Executive Summary Toward an Evidence-Based Fracking Debate (2013) -- Full Report
1
La definición dada por la RAE para “ruidoso” es adecuada para
el caso, aunque quizás también sea adecuado el adjetivo “sórdido”.
2
Muchos casos llegan a acuerdos entre las partes para no llegar a
juicio; dichos acuerdos suelen ser un acuerdo económico y la firma
de un acuerdo de confidencialidad entre la empresa y el demandante,
por el cual el último no puede divulgar información relativa al
caso en el futuro.
