Oí historias sobre las compañías de seguridad del DAPL tratando de infiltrarse en los campamentos de protesta y de instigar desavenencias entre los activistas. Oí hablar de seguimientos a miembros de la organización, y de activistas indígenas que veían aviones, helicópteros y drones por encima de su campamento, vigilando sus protestas y registrando sus movimientos y actividades a todas horas.
Oí a gente indígena describiendo que su casa se había vuelto una zona de guerra. Las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley, encabezadas por el Departamento del Sheriff del Condado de Morton, desplegaron equipos militarizados y armas -diseñadas para uso bélico- con el fin de intimidar a los manifestantes pacíficos y agredir violentamente un movimiento histórico liderado por indígenas.
Ahora, estas historias y testimonios han sido confirmados por documentos recién publicados, algunos de los cuales fueron filtrados a la prensa por un contratista de TigerSwan, la agencia de seguridad contratada por la compañía de oleo- y gasoductos Energy Transfer Partners para reprimir las protestas.
TigerSwan opera en todo el mundo y está especializada en zonas de conflicto armado. De acuerdo con las nuevas revelaciones, la compañía utilizó tácticas antiterroristas de tipo militar contra las protestas antiDAPL no sólo en Dakota del Norte, sino también en otros estados, incluyendo Dakota del Sur, Illinois, Iowa y Texas. Los documentos revelan a una fuerza de seguridad tan islamófoba como absurda. Basten dos ejemplos: TigerSwan compara a los protectores del agua con los insurgentes y los "yihadistas" y hace referencia a una "mujer fuerte partidaria del chiismo". Una comunicación filtrada señala "la presencia adicional de palestinos en el campo", y dice que "la implicación del movimiento con individuos islámicos es una dinámica que requiere un examen más profundo".
La militarización de la policía estadounidense es un problema desde hace tiempo, incluso antes de las protestas de Ferguson, cuando el tema acaparó los titulares nacionales. En los documentos, vemos pruebas irrefutables del despliegue de contratistas militares privados para reprimir protestas y actividades legítimas de carácter pacífico. Aunque los nuevos documentos no pueden proporcionar suficiente detalle para determinar si TigerSwan ha cruzado la línea de la ilegalidad, sus operaciones e informes son siniestros y deberían inquietar profundamente a todos los estadounidenses.
La garantía de la Primera Enmienda sobre el "derecho del pueblo a reunirse pacíficamente" es imposible de conciliar con contratistas militares privados que se despliegan contra manifestantes pacíficos en territorio nacional con poca o nula supervisión o rendición de cuentas. Su colaboración con los gobiernos federal, estatal y local exige una investigación creíble e independiente.
Desafortunadamente, el actual Departamento de Justicia y la División de Derechos Civiles, bajo la dirección del Fiscal General Jeff Sessions, ha demostrado una profunda hostilidad hacia la transparencia y la reforma policial. Incluso las limitadas medidas tomadas por la administración Obama para reducir la militarización de la policía estadounidense están en peligro real. Un informe de mayo de 2015 del Grupo Especial de Trabajo del Presidente sobre la Policía del siglo XXI concluyó que:
"Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben crear políticas y procedimientos para la vigilancia de las manifestaciones de masas que empleen un espectro de recursos tácticos a administrar diseñado de tal modo que minimice la apariencia de una operación militar y evite el uso de tácticas y equipamiento material provocadores que socaven la confianza civil".
Este mes, un grupo de trabajo interagencias emitió recomendaciones para desmilitarizar la aplicación de la ley estatal y local de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.688 del Presidente Obama. El grupo de trabajo pidió que se prohibiese a las agencias estatales y locales encargadas de la ley adquirir ciertos equipos militares ofensivos como tanques y bayonetas. Puso también en marcha medidas que rigiesen el uso de cosas tales como los drones y los vehículos blindados resistentes a minas y emboscadas (MRAPs). Con Jeff Sessions, que no quiere que el gobierno federal "dicte a la policía local cómo hacer su trabajo", es probable que estas políticas sean pronto eliminadas.
La militarización de la policía estadounidense ha sido también condenada internacionalmente por los organismos de derechos humanos. La próxima semana, en Ginebra, el relator especial de la ONU para el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación presentará un informe sobre su visita de 2016 a Estados Unidos, que critica duramente la respuesta militarizada de la policía a protestas legítimas:
"Al Relator Especial le preocupa también que se haya convertido en un lugar común para la policía responder a las manifestaciones pacíficas con tácticas de estilo militar, armadura completa y un arsenal de armas más adecuado a un campo de batalla que a una protesta. Si bien el Relator Especial es sensible a las preocupaciones de la policía de que debe estar debidamente equipada para hacer frente a potenciales actividades ilegales, está convencido de que la militarización generalizada de la policía agrava innecesariamente las tensiones y provoca reacciones igualmente agresivas. Los manifestantes no son enemigos de guerra y nunca deben ser tratados como tal. No es recomendable el uso de equipo militar para gestionar actividades tan fundamentales para las sociedades democráticas".
La proliferación de una policía militarizada y el uso de la seguridad privada y los contratistas militares desde el 11 de septiembre y tras las guerras estadounidenses en el extranjero han afectado desproporcionadamente a las comunidades de color y los pueblos indígenas, como hemos visto en Ferguson, Baltimore, Baton Rouge y Standing Rock. Pero estas nuevas revelaciones sobre el despliegue de los contratistas de seguridad privada -mercenarios, esencialmente- para reprimir las asambleas pacíficas y su legítima organización son especialmente preocupantes. Deberían sumirnos a todos en la preocupación por el futuro de una policía militarizada y privada y las graves amenazas que presenta para nuestras libertades más fundamentales y los derechos humanos.
Artículo de Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), traducido por Juan Carlos Gracia.
Artículo original, "Why Did a Private Security Contractor Treat Standing Rock Protesters Like ‘Jihadists’?" publicado el 2 de junio de 2017