El
veredicto de casi 3 millones de dólares contra una compañía de
petróleo y gas de Texas destaca deficiencias reguladoras y riesgos
para la salud relacionados con el fracking.
Entre
febrero de 2010 y julio de 2011, Lisa y Bob Parr presentaron 13
demandas por contaminación atmosférica procedente de las
operaciones de gas y petróleo que se llevaban a cabo cerca de su
rancho en el condado de Wise, Texas. A veces, incluso tenían
problemas para respirar, según declararon a la Texas
Commission on Environmental Quality,
TCEQ (Comisión de Calidad Ambiental de Texas). También
experimentaron náuseas, sangrado nasal, zumbido en los oídos y
erupciones cutáneas.
Un investigador de la TCEQ filmó estas densas plumas de emisión con una cámara de infrarojos en la instalación de Aruba. 30 segundos después reportó sentir efectos físicos como mareos o irritación de garganta.
Otras
familias también se alarmaron. Entre 2008 y 2011, la TCEQ
recibió 77 denuncias del condado de Wise, en el área de perforación
de Barnett Shale, en el norte de Texas. Según el informe de la TCEQ,
en una de ellas se declaraba que el olor era tan fuerte que el
demandante "no podía salir a la calle".
Frustrados
y enfadados, la familia Parr decidió demandar. Su abogado les
advirtió que las demandas contra la industria del petróleo y gas
rara vez, por no decir nunca, habían logrado tener éxito. Pero los
Parr persistieron y el mes pasado ganaron lo que parece ser el primer
litigio exitoso en Estados Unidos, alegando que las emisiones de
gases tóxicos provenientes de la producción de petróleo y gas
hicieron enfermar a las personas que vivían cerca. Un jurado del
condado de Dallas determinó que Aruba Petroleum, una compañía
privada con sede en Plano, Texas, "creó de manera intencionada
una molestia privada" que afectó a la salud de la familia e
indemnizó a esta con casi 3 millones de dólares por daños y
perjuicios.
"Cuando
no se tiene un sistema de regulación fuerte, un sistema para evitar
lo que pasó con esta familia, el único lugar para acudir en busca
de ayuda son los tribunales", declaró Robert Percival, director
del Programa de Derecho Ambiental de la Universidad de Maryland.
No
existen garantías de que el veredicto contra Aruba vaya a resistir
una apelación o vaya a iniciar cambios normativos en Texas o en
cualquiera de los otros estados en los que la gente clama que su
salud está en peligro por la perforación de gas y petróleo. Las
cuestiones son tan complejas, que la industria, el público y la
clase política pueden estar analizando todas y cada una de ellas
durante años.
Aruba
ha pedido al juez Mark Greenberg, quien presidió el caso de los
Parr, que revoque el veredicto del jurado. Se espera que Greenberg
escuche alegatos sobre el veredicto en junio.
Según
el abogado Tomas Ramírez, "este caso se examinará muy, muy de
cerca, ya que ha sentado bases de una forma que nunca se ha hecho".
Él representa a dos familias en pleitos similares en el el próspero
Eagle Ford Shale del sur de Texas, donde las emisiones están
haciendo sonar las mismas alarmas que han estado sonando en la
altamente desarrollada región de Barnett Shale, la que los Parr
consideran su hogar.
En
su defensa, Aruba utilizó dos argumentos que la industria lleva
usando desde hace mucho tiempo: que las emisiones podrían provenir
de uno de los pozos de sus competidores, y que sus operaciones
cumplen con las normas medioambientales del estado de Texas.
Para
Thomas McGarity, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad
de Texas, especializado en derecho ambiental y administrativo, el
hecho de que dichos argumentos fallaran en este caso, “hace que
todas las empresas estén expuestas a más litigios como este".
"La
pérdida del caso no ha sido buena para la industria. Mi hipótesis
es que la industria va a unirse en torno a este caso, querrá impedir
que se destape nada más sobre el asunto... Aquí es donde van a
tomar posiciones".
Aruba
Petroleum ha declinado solicitudes de entrevistas pero ha emitido un
comunicado a través de una empresa de relaciones públicas:
"Sostenemos que los demandantes no fueron perjudicados por la
presencia de nuestras operaciones de perforación, ni el valor de su
propiedad fue disminuido debido a nuestra explotación de gas
natural".
En
una moción para anular el veredicto, los abogados de la empresa
argumentaron que "no hay evidencia de que Aruba esté
involucrada en una conducta destinada a hacer daño... las
operaciones de Aruba cumplen con las mejores prácticas de la
industria, así como con los estándares para un operador de petróleo
y gas razonable y prudente".
La
compañía asegura que más de 100 pozos han sido perforados a dos
millas del rancho de los Parr y sólo 22 de ellos son de su
propiedad. En su página web, puede leerse que es la quinta empresa
más grande de las 117 que operan en el condado de Wise.
El
abogado de los Parr, Brad Gilde, afirmó que los documentos de la TCEQ
muestran que Aruba infringió repetidamente las regulaciones
estatales y en algunos casos fue multada por ello.
No
hubo pruebas suficientes para que un jurado constatara que "Aruba
o bien (1) supo de una invasión [de emisiones] resultado de sus
acciones, o (2) era consciente de la probabilidad de que una invasión
fuera el resultado de sus acciones", tal y como explicó Gilde
en respuesta a la moción de Aruba para revocar el veredicto.
William
Anaya, un abogado de Chicago que a menudo representa a la industria
del petróleo y gas, alegó que la victoria de los Parr constituye
una anomalía y que no supone un precedente a la hora de que la
industria sea considerada responsable de las emisiones peligrosas. La
explotación de petróleo y gas es segura y está muy regulada, por
lo que los casos contra la industria rara vez llegan a los
tribunales, y muchos menos llegan a tener éxito."Dudo de todo
el asunto".
Por
su parte, los Parr están intentando vender su rancho de 40 acres, el
cual perdió 275.000 dólares de su valor debido a las instalaciones
de Aruba, tal y como concluyó el jurado. Ha estado en el mercado
desde hace dos años, pero hasta ahora no han recibido ninguna
oferta. Sus vecinos, Christine y Tim Ruggiero, también demandaron a
Aruba, pero accedieron a un acuerdo extrajudicial. Dicho acuerdo les
prohibió hablar públicamente sobre su caso, por lo que se negaron a
ser entrevistados para este artículo.
Lisa
Parr asegura que la gente le para constantemente en el supermercado,
en la gasolinera y en la escuela de su hija para felicitarla y darle
las gracias. Incluso recibe llamadas de extraños que empiezan
diciendo "Usted no me conoce, pero..."
"Quieren
decirme cuanto se alegran por nosotros. Nos agradecen que hayamos
peleado... Es como si ellos lo sintieran también, como si nuestra
victoria fuese la suya".
Que
el caso fuese ganado en Texas hace que la victoria de los Parr sea
especialmente inusual. Una reciente investigación realizada por el
Center
for Public Integrity
(Centro
para la Integración Pública),
InsideClimate
News y The
Weather Channel, publicó que
los políticos de Texas a menudo trabajan mano a mano con la
industria, las regulaciones son laxas y poco se sabe acerca de los
riesgos procedentes de la sopa tóxica que suponen las emisiones de
la industria.
Miles
de instalaciones de petróleo y gas, incluyendo al menos una
instalación de Aruba cercana al hogar de los Parr, adoptan un
procedimiento de auto-auditoría de sus emisiones sin reportarlas al
estado. La TCEQ, que regula la mayoría de las emisiones a la
atmósfera, ni siquiera sabe que algunas de estas instalaciones
existen.
Durante
una breve entrevista a principios de este mes en la TCEQ
Environmental Trade Fair and Conference
(Feria
y Congreso Medioambiental de la TCEQ) en
Austin, el presidente de la TCEQ Bryan Shaw dijo que la agencia no
tiene previsto tomar ninguna medida en concreto como resultado de la
demanda. En lugar de ello, continuará haciendo cumplir las
regulaciones existentes.
La
actitud de la agencia no sorprende al ex-comisionado de la TCEQ Larry
Soward, cuyo polémico mandato de seis años terminó en 2009:
"La
TCEQ cree tan firmemente en que las emisiones de gas y petróleo
tienen poco o ningún efecto sobre la calidad del aire y la salud
humana, que simplemente van a ignorar este caso. Son muy
pro-industria y no van a cambiar su posición debido al fallo de
algún jurado".
'Plástico
quemado'
La
historia de los Parr se inició en 2008, después de que Bob Parr se
casara con Lisa y trajera a ella y a su hija Emma a vivir en su
rancho cerca de Decatur, al noroeste de Dallas. Parr compró el
terreno en 2001 y construyó una casa de 2.500 pies cuadrados en un
valle que, esperaba, le protegiera de los tornados que suelen dejar
numerosos destrozos por las llanuras. Cerca había un par de pozos
petrolíferos viejos, pero poco más excepto ondulantes praderas y
cielos claros que se extendían de horizonte a horizonte.
Al
igual que muchas personas en Texas y otras partes de los Estados
Unidos, Parr no es propietario de los derechos mineros en su terreno.
Cuando compró el rancho, eso no parecía ser un problema. El auge de
las perforaciones en Barnett Shale aún no había comenzado. No tenía
ni idea de que su nueva casa estaba asentada encima de una de las
reservas de gas y petróleo más grandes del país.
Para
cuando Lisa y Emma se trasladaron al rancho, los pozos de gas habían
empezado a rodear la propiedad. Poco menos de un año más tarde,
Lisa Parr comenzó a toser, a respirar con dificultad y a notar un
olor químico "como a plástico quemado". Entonces, empezó
a tomar nota de las fechas y detalles de sus dolencias en un diario.
Presentó
su primera denuncia ante la TCEQ el 20 de febrero de 2010.
La
agencia asignó al caso de reclamación el número 13879. Este resume
sucintamente las quejas de Lisa Parr:
"El
demandante alegó que los olores procedentes de una instalación de
gas natural estaban creando molestias", de acuerdo con un
resumen de la demanda en la web de la TCEQ.
El
asunto fue investigado el mismo día y se cerró con una nota igual
de concisa: "No se encontraron infracciones".
El
inspector observó 'densos penachos' de emisiones
Los
Parr no lo sabían en ese momento, pero sus vecinos en Star Shell
Road, los Ruggiero, también se habían quejado de Aruba.
En
dos ocasiones la TCEQ envió inspectores a dos instalaciones de Aruba
cercanas a los Ruggiero y a los Parr, debido a las demandas por malos
olores que recibió durante un lapso de 11 días en enero y febrero
de 2010. La TCEQ concluyó que Aruba no había logrado impedir la
expulsión de compuestos orgánicos volátiles (COV) sobre
propiedades vecinas. Muchos compuestos orgánicos volátiles
(incluyendo el benceno, el tolueno, el etilbenceno y el xileno) se
sabe que causan las dolencias sobre las que los Parr habían
protestado .
La
TCEQ multó a Aruba con 32.500 dólares.
En
julio, los Parr acusaron a una tercera instalación de Aruba: los
malos olores procedentes de una boca de pozo les causaron "mareos
y quemazón en la nariz", según la denuncia. Los Parr también
estaban preocupados porque tres de sus pollos habían muerto
misteriosamente.
Un
investigador de la TCEQ llegó cerca de 2 horas y media más tarde y
recogió muestras de aire, de acuerdo con un informe de la agencia.
Con el uso de una cámara de infrarrojos identificó "densos
penachos" de emisiones que flotaban desde la instalación de
Aruba y hacia la casa de los Parr, a 280 metros de distancia.
El
investigador se acercó al penacho para obtener una muestra en un
frasco. Treinta segundos más tarde, "sintió los efectos
físicos de mareos y dolor de garganta", por lo que salió de
inmediato.
La
TCEQ utiliza un sistema de calificación de tres puntos (mayor,
moderado y menor) para clasificar el daño causado por un escape. La
agencia calificó el escape de Aruba como "moderado", pero
decidió que el incidente justificaba una respuesta más contundente.
"Debido
a la gravedad de las presuntas violaciones y el efecto disuasorio de
una orden de la corte del distrito", el caso fue remitido a la
oficina del fiscal general de Texas, tal y como la TCEQ manifestó en
una carta enviada a Christine Ruggiero.
Aruba
pagó 108.000 dólares para resolver el caso, la tercera sanción más
alta de entre 99 casos que la oficina del fiscal general procesó en
nombre de la TCEQ ese mismo año.
La
evidencia clave para el caso del fiscal general incluyó un análisis
de las muestras de aire que el investigador de la TCEQ había tomado.
Estas mostraron concentraciones de cinco COV suficientemente altas
como para causar efectos en la salud a corto plazo, y 20 compuestos
en cantidades suficientemente altas como para causar efectos en la
salud a largo plazo, de acuerdo con la denuncia del fiscal general.
El
informe de la TCEQ sobre el incidente reveló algo más: Aruba había
estado operando en la instalación sin permiso de la TCEQ para
producir emisiones a la atmósfera.
'Nuestra
vida se convirtió en una pesadilla'
En
abril de 2011, la TCEQ descubrió que una instalación de Aruba
situada a menos de una milla del rancho de los Parr, había arrojado
5.383 libras de COV al aire durante un período de 5 horas y media,
según los registros de la TCEQ. Las emisiones representaron más del
10 por ciento de la cantidad total de COV que la instalación tenía
autorizado emitir en un año entero.
Una
válvula rota fue la causa del accidente. La TCEQ multó a la
compañía con cerca de 3.000 dólares por no operar su equipo de
forma adecuada y por no reportar el incidente en las 24 horas
siguientes, tal y como requiere la normativa. En ese momento, la TCEQ
consideró que Aruba cumplía con un "rendimiento promedio".
Mientras
tanto, los síntomas de Lisa Parr iban empeorando. Acudió a seis
médicos, que quedaron desconcertados por sus afecciones. Presentaba
verdugones supurantes en el cuero cabelludo y bultos del tamaño de
nueces en el cuello. Bob Parr y Emma sufrían de hemorragias nasales
e irritación de garganta.
"Nuestra
vida se convirtió en una pesadilla", declaró Lisa Parr en una
entrevista. "Hemos estado gravemente enfermos, asustados y no
sabíamos qué hacer".
Los
Ruggiero continuaron quejándose. Pero su situación era diferente.
Habían permitido a regañadientes que Aruba entrara en su terreno
después de enterarse de que el dueño original de la propiedad había
conservado la superficie y los derechos mineros. Pero se
sorprendieron cuando la empresa construyó una plataforma de
perforación de la longitud de un campo de fútbol a cierta distancia
de su ventana frontal.
Christine
Ruggiero escribió a la TCEQ en agosto de 2010: "Basándonos en
sus acciones, Aruba Petroleum parece no preocuparse en absoluto por
el medio ambiente o la salud. Optaron por emplazar sus actividades a
cierta distancia de nuestros hijos, pero se niegan a tomar medidas
proactivas para protegerlos".
A
medida que el conflicto se profundizaba entre los Ruggiero y Aruba,
Christine comenzó a llevar un registro de emisiones y vertidos en y
cerca de su propiedad. Compartió sus anotaciones con Lisa Parr, que
quedo pasmada cuando comparó las fechas de sus crisis de salud con
los hechos que Christine había documentado. Muchas de las fechas
coincidían.
En
octubre de 2010, los Ruggiero demandaron a Aruba, protestando por los
gases tóxicos que emanaban de un pozo de gas natural que la compañía
había perforado cerca de su casa. Aruba negó las acusaciones,
alegando que había pagado a la familia 30.000 dólares para perforar
dos pozos en sus tierras y que había sido un operador "razonable
y prudente".
Lisa
Parr por su parte, comentó a uno de sus médicos lo que había
descubierto en el diario de Christine Ruggiero. Este la envió a un
especialista en enfermedades provocadas por factores ambientales,
como la contaminación del aire y del agua. Las pruebas revelaron que
los productos químicos en su sangre coincidían con los productos
químicos que se encontraron en las muestras de aire que el
investigador de la TCEQ había tomado cuando respondió a la denuncia
de julio.
En
marzo de 2011, los Parr presentaron una demanda contra Aruba y otras
10 compañías, argumentando que la familia estaba "bajo la
constante, perpetua, e ineludible invasión de vertidos, emisiones y
evacuaciones de gases peligrosos y productos/desechos químicos e
industriales de los demandados nocivos para la salud". Pidieron
hasta 66 millones de dólares por daños y perjuicios.
En
noviembre, los Ruggiero cerraron su caso con Aruba. Vendieron su
propiedad de 10 acres, que había sido devaluada de 257.330 a 75.240
dólares, y se trasladaron con su hija de 10 años a Pilot Point,
Texas, a unas 45 millas de distancia.
"Abandonar
“la tierra del gas” no es ganar, es simplemente poner fin a la
derrota". Estas son palabras escritas por Tim Ruggiero en un
blog de Earthworks,
una organización ambientalista que se opone al fracking
o fracturación hidráulica, el proceso que ha hecho rentable
explotar depósitos de esquisto profundamente enterrados, como los de
Barnett y Eagle Ford.
Una
victoria por la mínima
El
juicio por la demanda de los Parr comenzó el 7 de abril y duró dos
semanas. Ambas partes llamaron a testigos expertos, quienes
ofrecieron opiniones contradictorias sobre los efectos de las
emisiones de gas y petróleo. Según los científicos entrevistados
por InsideClimate News y el
Centro para la Integridad
Pública, la vigilancia de la calidad del aire en Texas, y en toda la
nación, es tan deficiente que los científicos no acaban de entender
cómo las emisiones de la industria afectan a la salud pública.
Uno
de los expertos en los que se apoyaron los Parr fue Paul Rosenfeld,
un químico medioambiental afincado en California. Este declaró que
los pozos de Aruba contenían COV capaces de causar dolores de
cabeza, hemorragias nasales, erupciones cutáneas, mareos... los
mismos síntomas de los que hablaban los Parr.
Un
testigo experto de Aruba contraatacó replicando que las cantidades
de compuestos orgánicos volátiles en la propiedad de los Parr eran
tan pequeñas que no podrían haber afectado a la salud de la
familia, de acuerdo con la moción de la compañía para revocar el
veredicto.
Las
deliberaciones duraron dos días. Llegó un momento en el que los
miembros del jurado se encontraron en un punto muerto y comunicaron
al juez que no sería posible emitir un veredicto, según cuenta
David Davis, el presidente del jurado. El juez les ordenó seguir
intentándolo.
En
una entrevista con InsideClimate News, Davis habló de un par de
factores que inclinaron la balanza a favor de los Parr.
Las
pruebas médicas, incluyendo el análisis de sangre de Lisa Parr,
reforzaron el caso de la familia. Mientras que la evidencia por sí
sola no hubiera ganado el caso, las pruebas dieron al jurado "algo
para evaluar que era una prueba documentada de lo que los demandantes
estaban reclamando".
Además,
el testimonio de los dirigentes de Aruba, quienes declararon que
tenían pocos planes o políticas formales escritas para abordar este
tipo de emisiones pesó contra la compañía.
"La
percepción que había es que, si te dedicas a esta actividad,
deberían existir unas directrices escritas que proporcionaran
consistencia y aseguraran que se siguen las reglas y que se está
operando dentro de los límites de las regulaciones estatales".
Al
final, afirma Davis, los jurados aplicaron la ley escrita según lo
establecido en las instrucciones del juez. La reacción habría sido
la misma si alguien protestara porque el humo de un restaurante le
causa molestias.
"Fue
cuestión de si A, B y C cumplieron con la definición de molestia.
No creo que nadie se diera cuenta de que esto era un caso de
importancia, más allá de lo que significaba para los demandantes y
demandados... Nadie defendía la industria o respaldaba una causa
ambiental. Simplemente fue ¿Causó el acusado el daño alegado por
el demandante?"
Después
se añadieron las pruebas y el testimonio, un proceso que Davis
comparó a colocar granos de arena en una escala hasta que la balanza
se inclinó: los Parr habían demostrado la verdad de su caso.
El
22 de abril, el jurado emitió un veredicto de 5-1 a favor de la
familia Parr. En vez de conseguir los 66 millones de dólares que
habían pedido, consiguieron 3 millones. Aún así, fue toda una
victoria.
Gilde,
su abogado, espera que el veredicto se propague a lo largo de Texas y
en todo el país. Otras familias que quieren combatir la
contaminación del aire provocada por la industria ya se han puesto
en contacto con él.
"Las
cuestiones dentro de este caso son importantes. Esto significa que
las consecuencias de las emisiones tóxicas no pueden ser despachadas
sumariamente. Ahora la industria tendrá que ser más responsable".
¿Una
llamada de atención para el cambio normativo?
Además
de vencer a Aruba, los Parr también resaltaron las deficiencias en
el sistema de regulación de Texas.
Puede
que no siente bien en un estado tan ligado a una industria que ha
inyectado 7 mil millones de dólares en impuestos a las arcas del
estado en los últimos dos años.
"Texas
tiene una larga reputación de ser extremadamente favorable a los
negocios", expuso Percival con el Programa de Derecho Ambiental
de la Universidad de Maryland. "El mensaje que nos llega de
todas partes del estado, incluyendo las agencias reguladoras, es el
de avanzar a toda velocidad sin ser sensibles a las preocupaciones de
la opinión pública".
A
Ilan Levin, un abogado de Austin que participa en el Proyecto de
Integridad Ambiental, una organización de investigación y
promoción, le preocupa que en lugar de ser una llamada de atención
para el cambio normativo, el caso de los Parr sea una excusa para que
autoridades y legisladores encuentren maneras de impedir que los
ciudadanos ganen demandas similares.
Desde
el año 2000, la industria ha invertido casi 58 millones dólares en
las arcas de campaña de los candidatos estatales en Texas, de
acuerdo con un análisis de datos del National
Institute on Money in State Politics (Instituto Nacional sobre el
dinero en la política estatal).
"Lo
que tenemos es un sistema que está fuertemente inclinado a favor de
los que pueden participar en el juego del dinero", manifestó
Meredith McGehee, directora de políticas del Campaign Legal Center,
una organización no lucrativa con sede en Washington D.C. que
rastrea el dinero en la política y supervisa la ética gubernamental
.
"Las
compañías petroleras ven las contribuciones como una buena
inversión de negocios. Están haciendo una inversión con la
expectativa de poder acceder a ese dinero cuando lo necesiten".
Los
legisladores de Texas han escuchado a la industria en el pasado.
En
enero de 2011, con la calidad del aire empeorando y el gobierno
federal comenzando a darse cuenta, la TCEQ adoptó normas para
reducir las emisiones en Barnett Shale.
Unos
meses más tarde, sin embargo, la legislatura aprobó por abrumadora
mayoría un proyecto de ley que impidió eficazmente que esos
reglamentos se aplicaran en todo el estado. Más tarde, se debilitó
la normativa de nuevo, reduciendo la ley para incluir solo 15 de los
24 condados de la región de Barnett.
Ramírez,
el abogado que representa a dos familias en Eagle Ford Shale, está
estudiando el caso de los Parr para encontrar estrategias que puedan
dar a sus clientes una ventaja extra. Está seguro de que los
abogados de la industria están haciendo lo mismo, para encontrar
maneras de derrotar a las demandas futuras.
"Cada
caso tiene su propio conjunto de hechos que son objeto de un intenso
examen durante un juicio. Aunque un caso pueda parecer igual a otro,
hay tantas diferencias sutiles y distintivas, que uno nunca puede
estar seguro de cómo va a desarrollarse".
Traducción del artículo "Texas fracking verdict puts industry on notice about toxic air emissions" publicado el 28 de mayo en Public Integrity
