domingo, 17 de noviembre de 2013

El acuerdo comercial transatlántico es un ataque frontal a la democracia


Cameron and Obama, south lawn, White House
Bruselas ha guardado silencio ante el tratado que permitiría las compañías más voraces derrocar nuestras leyes, derechos y nuestra soberanía nacional.
¿Recuerdas el referéndum en el cual se decidía si debíamos crear un mercado único con los Estados Unidos? Sí, en ese en el que se preguntaba si las empresas deberían tener el poder de derrocar las leyes, ¿te acuerdas? ¿No? Yo tampoco. Ojo, que el otro día me pasé diez minutos buscando el reloj antes de darme cuenta de que lo llevaba encima. Olvidarme del referéndum debe de ser otro achaque de la edad. ¿Porque debe haber habido uno, no? Después de todas las discusiones sobre si deberíamos dejar o no la UE, el Gobierno no debería de ceder nuestra soberanía a corporaciones antidemocráticas y sombrías, sin consultarnos siquiera ¿verdad?
El objetivo del acuerdo de cooperación en la inversión y el comercio transatlántico es eliminar las diferencias reguladoras entre los EE.UU. y los países europeos. Lo dije hace unas semanas, aunque me olvidé del detalle más importante: que tendría la sorprendente capacidad de permitir a las grandes compañías empapelar hasta las cejas a los gobiernos que traten de defender a sus ciudadanos. Permitiría a un tribunal secreto de abogados corporativos invalidar la voluntad del parlamento y destruir nuestros amparos jurídicos. Y los defensores de nuestra soberanía siguen callados.
El mecanismo a través del cual esto se consigue se llama solución de controversias inversor-estado. Ya se está utilizando en muchas partes del mundo para cargarse regulaciones que protegen a la gente y al planeta.
El gobierno australiano, después de numerosos debates dentro y fuera del parlamento, decidido que los cigarrillos se debían vender en cajetillas, acompañadas de fotos impactantes advirtiendo de su peligro para la salud. La decisión fue validada por el Tribunal Supremo australiano. Pero, por medio de un acuerdo comercial entre Australia y Hong Kong, la compañía tabaquera Philip Morris solicitó a un tribunal externo que le concediese una ingente compensación por las pérdidas de lo que ellos llaman propiedad intelectual.


Durante la crisis financiera, y en respuesta al rechazo público de impuestos astronómicos, Argentina introdujo la congelación de las facturas de agua y energía (¿te suena familiar?). Pues el gobierno fue demandado por multinacionales de servicios públicos, cuyas desorbitadas cuentas habían provocado que el gobierno actuase así. Por este caso —y por otros parecidos— ha tenido que pagar cerca de mil millones de dólares en compensaciones. En El Salvador, varias comunidades locales consiguieron —pagando un alto precio, tres de ellos fueron asesinados— persuadir al gobierno para que denegase el permiso de explotación de una mina de oro, que amenazaba con contaminar sus abastecimientos de agua. ¿Una victoria para la democracia? No por mucho tiempo, por lo que parece. La compañía canadiense interesada en cavar la mina demandó a El Salvador por 315 millones de dólares, por la pérdida de beneficios potenciales futuros.


En Canadá, los tribunales rechazaron dos patentes, propiedad de la firma farmacéutica americana Eli Lilly, alegando que la compañía no había aportado pruebas suficientes de que sus productos tuviesen los beneficios que ellos decían. Eli Lilly entonces demandó al gobierno canadiense por 500 millones de dólares, exigiendo además que la legislación sobre patentes de Canadá cambiase.
Estas compañías —junto a cientos de otras— están usando las reglas recogidas en la solución de controversias, que figuran en los tratados comerciales firmados por los propios países a los que demandan. Las reglas se ven reforzadas por un tribunal que no posee ninguna de las garantías que actualmente vemos en los nuestros. Las audiencias se sostienen en secreto. Los jueces son abogados corporativos, muchos de los cuales trabajan para el tipo de compañías inmersas en los casos. Los ciudadanos y las comunidades afectadas por sus decisiones no tienen amparo legal alguno. No existe el derecho de apelación del caso. Exacto, tienen el poder de desbancar la soberanía de los parlamentos y las sentencias del Tribunal Supremo.
¿No te lo crees? Aquí tienes lo que dice uno de los jueces de estos tribunales sobre su trabajo: «Cuando me despierto a medianoche y pienso en el arbitraje… nunca deja de impresionarme como estados soberanos han cedido completamente el arbitraje en la inversión… Tres particulares privados tienen el poder de repasar, sin restricción alguna o recurso de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de los tribunales, y todas las leyes y reglamentos que emanan del parlamento».
Los ciudadanos no tienen ningún derecho. No podemos recurrir a estos tribunales para exigir protección ante la codicia corporativa. Como dice Democracy Centre es «un sistema privatizado de justicia para las multinacionales».


Incluso si las demandas no prosperan, estas pueden ser un poderoso sedante sobre la legislación. Un oficial del gobierno canadiense, hablando sobre las reglas introducidas por el TLCAN, apuntó: «He visto como cartas de bufetes de Nueva York y de Washington llegaban al gobierno canadiense tras, prácticamente, cada nueva regulación o propuesta medioambiental en los últimos cinco años. Incluían apartados sobre productos químicos de limpieza en seco, farmacéuticos, pesticidas, ley de patentes… Tocaron prácticamente todas las nuevas iniciativas y la mayor parte de ellas nunca vio la luz del día». La democracia, como propuesta seria, es imposible bajo estas circunstancias.
Este es el sistema al que estaremos sujetos si el tratado transatlántico sigue adelante. Los EE.UU. y la Comisión Europea —ambos atrapados por las corporaciones que se supone que tienen que regular— están presionando para que la solución de controversias inversionista-estado sea incluida en el acuerdo.
La Comisión justifica esta política argumentando que los tribunales nacionales no ofrecen a las corporaciones suficiente protección porque «estos pueden ser partidistas o no tener suficiente independencia». ¿De qué tribunales habla? ¿De los de los EE.UU.? ¿De los de sus propios Estados-miembro? No lo dice. De hecho, no es capaz ni de dar un ejemplo concreto que demuestre la necesidad de este nuevo sistema extrajudicial. Es precisamente el que nuestros tribunales sean objetivos y posean independencia la razón por la cual las multinacionales quieren pasar por encima de ellos. La Comisión busca sustituir un tribunal soberano, abierto y fiable por uno sistema cerrado y corrupto, plagado de conflictos de intereses y poderes arbitrarios.


Las reglas del Inversionista-estado se podrían usar para machacar cualquier tentativa para salvar el NHS (National Health System) del control corporativo, para regular los bancos, para aplacar la avaricia de las compañías energéticas, para renacionalizar los ferrocarriles o para liberar los combustibles fósiles. Estas reglas acaban con cualquier alternativa democrática. Ilegalizan políticas de izquierdas.

Esta es la razón por la que el gobierno británico ni se ha planteado informarnos sobre este tremendo atraco a la democracia, no hablemos ya de consultárnoslo. Esta es la razón por la que los conservadores, que se vanaglorian tanto de la soberanía, están callados. Despertad, nos están robando.

Traducción del artículo "This transatlantic trade deal is a full-frontal assault on democracy" 
publicado el The Guardian el 4 de noviembre de 2013

Traducido por César Pardo Martínez (@CescPM), miembro de Traductoras/es en Acción, la red de Traductoras/es e intérpretes voluntarios/as de Ecologistas en Acción.